El diputado que erró al votarla reforma laboral deja el PP al borde de ir a juicio por corrupción

Tras conocerse la decisión judicial, Casero solicitó 'motu proprio' a Génova la suspensión de militancia para evitar un disgusto a los de Feijóo con la corrupción de vuelta a la escena política española. Aunque su intención inicial era retener el acta y pasar a ser diputado no adscrito para mantener el aforamiento, finalmente ha decidido, renunciar a su escaño «para evitar cualquier daño que su situación pueda producir al partido», según confirmaron fuentes del grupo parlamentario del PP.

El hasta ahora diputado conservador se adelanta así a su partido, que anunció en junio que tomaría medidas contra él si el juez le llevaba a juicio tal y como establecen los estatutos del partido. La dirección del grupo parlamentario ya le había abierto expediente informativo aunque no disciplinario, lo que podría haber derivado en una expulsión hasta la apertura del juicio oral.

Fue en junio cuando Casero llegó a reconocer en su declaración voluntaria ante el Supremo que pudo haber irregularidades o problemas administrativos en los contratos que se le imputaban, pero negando las actuaciones que se le achacan para haber incurrido en prevaricación o malversación.

El instructor del Supremo, sin embargo, no opina lo mismo y considera que la conducta del exalcalde de Trujillo encaja dentro del delito de prevaricación administrativa. El juez cree acreditado el «voluntarismo» de su proceder con «con vedadas contrataciones verbales o sin tramitación ni publicidad alguna en los supuestos que la cuantía lo requería, elusión de los mecanismos de control, asunción directa de pagos por la integridad de los servicios».

En paralelo, Casero se enfrenta a la imputación por otro ilícito, el de malversación de caudales públicos que sanciona a la autoridad o funcionario que tiene a su cargo los caudales por razón de sus funciones y que lejos de destinarlos al cumplimiento de las previstas atenciones públicas, los separa de las mismas, y extrayéndolos del control público con ánimo de lucro los incorpora a su patrimonio haciéndolos propios o consiente que otro lo haga.