El Supremo zanja que el PP se lucró con 'Gürtel' pero cuestiona las referencias sobre la caja B

Al margen de este asunto nuclear, el fallo del Supremo de 1. 843 folios y dictado por unanimidad, confirma en grandes líneas la sentencia en primera instancia y las condenas a los 29 imputados, aunque modula algunas penas de algunos de los principales protagonistas de la trama. El fallo ratifica los 51 años para el cabecilla de la red, Francisco Correa, o los 14 impuestos a Jesús Sepúlveda, exmarido de Ana Mato, pero reduce las condenas a Luis Bárcenas (de 33 a 29 años) o a su esposa, Rosalía Iglesias (de 15 años a 12). Mato, primera ministra de Sanidad de Rajoy, ve confirmada su responsabilidad como partícipe a título lucrativo ya que ella y su familia se beneficiaron de más casi 28.000 euros en regalos de Correa (viajes y fiestas, fundamentalmente).

Los magistrados no varían sustancialmente el relato de hechos que hizo la Audiencia Nacional. Esto es: el Grupo Correa creó un auténtico sistema de corrupción que manipuló la contratación pública a través de la relación con influyentes miembros del PP. La extensísima sentencia relata las andanzas entre 1999-2005 (la conocida como 'primera época' de Gürtel) de una verdadera «organización criminal» formada por las gentes de Correa y esos dirigentes del PP que se enriquecieron y desviaron dinero al PP incurriendo en todo tipo de delitos: cohecho (activo y pasivo), falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, prevaricación, asociación ilícita, fraude a la administración pública, blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, tráfico de influencias, apropiación indebida, exacciones ilegales...

Los hechos y las sentencias coinciden en ambas sentencias, pero no las conclusiones a las que llegan ambas salas con respecto al PP. El Supremo da un varapalo importante a los jueces de primera instancia al entender que se sobrepasaron al dar por confirmada la existencia de una contabilidad paralela en el partido porque ese no fue el objeto del juicio y, sobre todo, porque no puede haber responsabilidad penal sin acusación o defensa. Y el PP nunca estuvo representado en ese proceso como persona física porque nunca se sentó en el banquillo al no estar acusado haber cometido ningún delito sino de haberse beneficiado del producto de ese ilícito sin ser consciente de ello.

La sentencia conocida este miércoles, por tanto, matiza el fallo de la Audiencia Nacional que el 24 mayo de 2018 certificó la existencia de una 'caja B' en el PP, al menos desde 1989. Aquella sentencia, que reconocía por primera vez judicialmente que los populares se financiaban de forma irregular, alumbró la mayoría parlamentaria que sacó adelante el 1 de junio de ese mismo año la moción de censura contra Rajoy y que aupó a la Presidencia del Gobierno a Pedro Sánchez.

El Supremo -que estima parcialmente el recurso del PP que alegaba vulneración de los derechos al honor, a la tutela judicial efectiva sin indefensión y a la presunción de inocencia- insiste en que las valoraciones sobre la 'caja B' fueron excesivas porque no se puede afirmar una responsabilidad penal sin acusación o defensa y porque el Partido Popular «fue traído al proceso como partícipe a título lucrativo que presupone que el beneficiario no solo no participó en el delito sino que desconoció su comisión». Los magistrado resumen gráficamente la situación del PP en este caso: Es como si a una persona «le ingresan en su cuenta corriente, aun sin saberlo, una cantidad de dinero que proviene de un ilícito penal».

El tribunal explica que nadie acusó porque no se podía, de modo que apuntar una responsabilidad no pretendida es tanto como «situarse en el lugar de la acusación y condenar sin instancia de parte», dicen los magistrados. «La contradicción en la que entra la sentencia es evidente, considerar que el Partido Popular era conocedor y responsable penal, aunque sea a efectos teóricos, supone entender que no era ajeno a los hechos penales».

A pesar de este rapapolvo a los jueces de la Audiencia Nacional, lo cierto es que la victoria del PP es solo moral, porque carece de efectos prácticos, ya que la sentencia sí que considera que se benefició del dinero sucio de los chanchullos de Gürtel.

La sentencia salva en cierta forma el honor del PP porque subraya que «la condena a título lucrativo no solo es compatible con la buena fe y por supuesto con la inocencia, sino que presupone esta última». Por ello, la Sala recuerda que si los populares hubiesen reintegrado el dinero antes del juicio, su presencia en el mismo no hubiera sido necesaria y, quizás, se hubiera ahorrado aquellos comentarios sobre la caja B que acabaron con una mayoría parlamentaria apoyando la moción de censura.

Más allá de las menciones a la contabilidad B del PP, un tema que será abordado en el juicio de los llamados 'Papeles de Barcenas', el Supremo casi reproduce punto por punto el relato de hechos que hizo en su día la Audiencia Nacional. Para el alto tribunal no hay duda que «desde» el Grupo Correa y «personas» pertenecientes al PP se tejió una estructura de «colaboración estable», consistente en la prestación de «múltiples y continuos servicios relativos a viajes, organización de eventos o congresos», dentro de la «normal actividad de dicho partido político».

Hasta ahí normal. Pero de forma paralela se creó «un auténtico y eficaz sistema de corrupción, a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública, autonómica y local». Una maquinaria basada –explican los jueces- en la «estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho partido», que tenían posibilidades de influir en los procedimientos de toma de decisión en la contratación pública de determinados entes y organismos públicos que dirigían o controlaban directamente o a través de terceras personas.

Este sistema permitió que, bien las empresas de Correa u otras empresas terceras elegidas por él, con el «acuerdo y colaboración de aquellos cargos públicos», gozaran de un «arbitrario trato de favor y tuvieran un dominio de hecho sobre la contratación pública llevada a cabo por las entidades públicas parasitadas».

Una organización tan compleja como esta –entiende el Supremo- hace merecedora a los imputados más destacados de la condena de la condena por asociación porque concurren todos los elementos del tipo penal: un grupo estructurado, jerarquizado, dirigido a lucrarse con bienes y servicios, y a efectuar hechos delictivos, vulnerando la legislación administrativa y los principios de transparencia que deben guiar la acción administrativa.

Este grupo criminal al que se acabó conociendo como 'Gürtel' no se frenó ante nada: hubo sobornos a funcionarios y autoridades, se emitieron facturas falsas y se montó un entramado entre diferentes sociedades para acceder a la contratación pública, «así como para ocultar la procedencia ilícita de los fondos y su ulterior destino, hasta hacerlos aflorar al circuito legal, con la consiguiente ocultación a la Hacienda Pública».