El Supremo admite una denuncia contra Díaz por su reunión con Puigdemont

Sociedad Civil Catalana, según difundió este viernes a través de un comunicado, basó el procedimiento penal contra Yolanda Díaz en base al artículo 408 del Código Penal que precisa que «la autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años».

Y el Tribunal Supremo, Sociedad Civil Catalana, ha asignado un magistrado a la denuncia, interpuesta el 8 de septiembre, contra Yolanda Díaz por «faltar a la obligación de su cargo y dejar intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables».

Sociedad Civil Catalana considera «fraudulento» el argumento de que la vicepresidenta acudió al encuentro «a título personal» como líder de Sumar, sin representar al Gobierno en funciones del que forma parte, puesto que consideran que «siempre prevalece el cargo institucional que un dirigente político ostenta». Por lo tanto y en base al artículo 408 del Código Penal, Sociedad Civil Catalana considera que la vicepresidenta faltó a la obligación de su cargo e, «intencionadamente, dejó de promover la persecución de personas encausadas por delitos gravísimos».

«Resulta una obviedad que Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno de España, acudió al encuentro con Carles Puigdemont para encauzar la investidura del presidente del Gobierno y negociar con quien fuera presidente de la Generalitat durante el desafío al marco constitucional unas exigencias que atentan contra los intereses de España y del propio Estado de derecho»., dice Sociedad Civil Catalana en su comunicado.

Alegan a este respecto que «prueba de que acudió en representación del Ejecutivo en funciones es que la vicepresidenta no fue cesada de su cargo pese a hacer ostentación pública de la 'normalidad' de su largo encuentro con Puigdemont y otros fugitivos por la causa del procés».

Según la denuncia de SCC, «la vicepresidenta Yolanda Díaz, cargo del que no puede desprenderse a voluntad y alegar que únicamente interviene a título de líder de Sumar, trató asuntos de estado con un prófugo de la Justicia, negociando las condiciones para la investidura de Pedro Sánchez».

También consideran evidente que, desde Moncloa, pese a su intención de desmarcarse de esta reunión de la que dijo desconocer su existencia hasta el mismo día en que se produjo, «hubo de avalarse este encuentro que, con toda seguridad, no se gestó en unas pocas horas». Por ello, insisten en que de ser cierto que desde el Ejecutivo nada se conocía de este encuentro antes de la noche anterior, «la reacción lógica ante estos graves hechos habría sido la de cesar a Yolanda Díaz de sus cargos y no la celebración de sus más que dudosos logros». Sociedad Civil Catalana entiende que Yolanda Díaz, como vicepresidenta y alto cargo, «tiene la obligación de obedecer el ordenamiento jurídico y velar por su cumplimiento».

Sin embargo, consideran que «con una actuación sin precedentes en la historia reciente, ha legitimado a un prófugo de la Justicia que ha utilizado todos los medios a su alcance para desprestigiar la imagen internacional de España». A ello añaden que «la vicepresidenta, además de legitimar al secesionismo, dio carta de naturaleza a una serie de exigencias inconstitucionales».