Archivan la causa contra el principal sospechoso de la desaparición de Yeremi

Así lo afirma en un auto, que ha adelantado "Canarias 7" y al que también ha tenido acceso Efe, el titular del citado juzgado, quien estima que los indicios recopilados hasta ahora sobre la desaparición del niño, ocurrida el 10 de marzo de 2007 en el municipio grancanario de Santa Lucía, "no permiten mantener un proceso penal formal contra el hasta ahora principal sospechoso de su desaparición".

Para el magistrado Juan Manuel Herno, "no existen en este momento medios de prueba, siquiera indiciarios, que de un modo objetivo y razonable permitan dirigir la causa contra una persona o personas indeterminadas", tampoco frente a Ortega, afirma la resolución, que se puede recurrir ante la Audiencia de Las Palmas.

Sobre el principal sospechoso de la desaparición del menor, el magistrado argumenta que "los motivos que inicialmente llevaron a su imputación no dejan de ser meras afirmaciones y valoraciones subjetivas de los miembros del equipo de investigación, ya esgrimidas para la investigación de sujetos en idénticos y similares términos, que, inicialmente, motivaron la declaración como investigado".

Además, en el auto se recuerda que esos indicios "no se confirmaron tras la práctica de las diligencias de investigación oportunas".

Por ello, el instructor concluye en su auto que "no existe ningún indicio de la participación de Antonio Ojeda ni de ninguna otra persona en la desaparición investigada", de ahí que haya de acordarse "el sobreseimiento provisional y archivo de la causa".

El magistrado advierte en su escrito de que "la Guardia Civil ha de cumplir con su obligación y continuar con la investigación de los hechos hasta su completo esclarecimiento si fuese posible, para lo que, si existe alguna duda, se libra la oportuna orden, tras su manifestación en la que, faltando a la verdad en la narración de múltiples hechos, manifiestan que no llevarán a cabo diligencias de investigación que no sean las ordenadas por el juez".

El instructor recalca en este auto que la tarea de investigar delitos y realizar las averiguaciones oportunas corresponde a la Policía Judicial y añade que "si los agentes encargados desean desistir de tal función habrán de comunicarlo a sus superiores a los efectos oportunos, para que sean otros agentes quienes continúen con la investigación de los hechos".

En su opinión, existen aspectos, como la amenaza recibida por el padre del menor que, diez años después, sigue sin aclararse y que "él mismo atribuye a la madre o a alguien de su entorno y ésta lo niega".