El nuevo curso político comienza como terminó el anterior: con los socios parlamentarios del Gobierno intentando poner contra las cuerdas a la monarquía. Esquerra, junto con EH-Bildu, JxCat, PDeCAT, BNG, la CUP, Más País y Compromís registraron ayer una nueva petición –la decimosexta en ... lo que va de legislatura– para que el Congreso investigue asuntos relacionados con la Familia Real.
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En concreto, estos grupos quieren que la Cámara baja indague sobre los gastos de la Casa del Rey, con el objeto de conocer el montante exacto que sale de las arcas públicas para financiar cualquiera de las actividades del ámbito del monarca o de su familia, así como la «oportunidad, necesidad y legalidad» de cada uno de esos gastos.
Dado que la Constitución establece que el Rey administra ese dinero como considera, los firmantes de la iniciativa asumen que su «transparencia está censurada» y piden centrarse en los gastos que se cargan a los distintos departamentos gubernamentales.
Quieren saber el número de personas –y sus contratos– que trabajan para Felipe VI, en especial en los ministerios de Presidencia, Defensa, Interior y Exteriores, así como la relación de bienes muebles e inmuebles de titularidad pública que están a su disposición y el coste de las reformas y mantenimiento.
Los partidos independentistas, además de Más País y Compromís, recuerdan que Patrimonio Nacional se ha hecho cargo, entre otros gastos, del mantenimiento de tres piscinas por más de 250.000 euros o de las indemnizaciones por despido del personal del yate Fortuna, que durante años utilizó la Familia Real para pasear por las aguas mallorquinas, y que supusieron un coste para las arcas del Estado de 670.000 euros.
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Los aliados de Pedro Sánchez lamentan que a pesar de los «indicios» de corrupción que pesan sobre Juan Carlos I, «nunca se ha podido constituir una comisión de investigación en el Congreso», incluso con peticiones reiteradas de ocho grupos parlamentarios. En la mayoría de veces, con el veto previo de los letrados de la Cámara baja. «No hay ninguna institución pública en España hoy en día que pueda obligar la Jefatura del Estado y su familia a rendir cuentas ante los representantes ni ante la ciudadanía», se quejan.
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