Nos sobran motivos

De forma casi espontánea, a raíz del fatídico atentado sufrido en Barcelona en agosto de 2016, los sindicatos de Policía Nacional, consensuamos un frente común encaminado a denunciar los agravios institucionales, ya reivindicados mucho tiempo atrás, a los que una vez más nos veíamos sometidos las fuerzas de seguridad estatales.

Tan solo unas semanas más tarde, la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre, puso a prueba de nuevo la profesionalidad y la lealtad de policías y guardias civiles; una coyuntura que acercó más si cabe a ambos cuerpos, constituyéndose así la unidad de acción desindicatos de Policía y asociaciones de Guardia Civil, una cohesión que continúa a día de la fecha.

La crisis política y la tensión social desencadenadas a continuación, el reconocimiento de la ciudadanía, el respaldo de los medios de comunicación, y el apoyo de los principales partidos del arco parlamentario, favorecieron la conjunción de unas circunstancias difícilmente repetibles, que los miembros de Policía y Guardia Civil no podíamos dejar pasar.

Tras casi seis meses de duras negociaciones, reuniones maratonianas, mesas técnicas, manifestaciones y concentraciones, incluso el ataque a una votación telemática, sindicatos y asociaciones cerramos con el Gobierno un acuerdo histórico para las FFCCSE. El primer paso en el proceso de equiparar económicamente a la Policía y Guardia Civil con las policías autonómicas, estaba dado.

Por primera vez, los casi 140.000 miembros de las FFCCS del Estado verán reflejado en su nómina, la cuantía correspondiente al primer tramo de los tres pactados por el Gobierno con los sindicatos y asociaciones representativas. Tres tramos que culminarán, gracias al estudio de una consultoríaexterna e independiente que determinará las cuantías exactas, y la elaboración de una futura Ley de Retribuciones que evite otro desequilibrio económico como el acumulado tras cuarenta años.

Durante estos meses, la lógica desconfianza suscitada entre los miembros de nuestro colectivo (instigada por quienes trataron de romper la unidad de nuestras organizaciones y asociaciones), así como los intentos de capitalizar la popularidad política del acuerdo, provocaron momentos de tensión, incluso desafección hacia sindicatos y asociaciones, sentimientos a día de hoy despejados gracias a la materialización del ansiado paso hacia la equiparación.

En el año 2020, policías y guardias civiles, percibiremos a final de mes por nuestra labor una cantidad análoga a la de un policía autonómico, fijándonos como siguiente objetivo, la equiparación de nuestras jubilaciones que, a día de hoy, se sitúan en torno a un 40% por debajo delas de nuestros compañeros de las Comunidades Autónomas, debido a la diferencia en la base de cotización.

Sería desleal e injusto no agradecer a la toda la sociedad y a los medios de comunicación su apoyo, su generosidad y su respaldo, contribuyendo con ello a hacer más visibles, si cabe, nuestras reivindicaciones. También lo sería obviar la responsabilidad y la implicación de los partidos políticos que tomaron el testigo entregado por la ciudadanía, apuntalando un acuerdo a tres años, blindado más allá de que haya o no Presupuestos Generales del Estado.

Queda mucho camino que recorrer, pero aunque no existan razones para el triunfalismo, nos sobran los motivos para ser optimistas.