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Cristian Reino
Barcelona
Lunes, 28 de marzo 2022, 18:57
Entidades en defensa del bilingüismo registraron este lunes ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) la primera demanda de ejecución forzosa de la sentencia judicial que obliga al Govern catalán a impartir el 25% de las clases en español.
Las asociaciones Hablamos Español ... y Convivencia Cívica Catalana realizaron la petición en nombre propio y en representación de Jucil, el sindicato mayoritario de la Guardia Civil, y también de una federación de padres y alumnos. «Han transcurrido sobradamente los plazos previstos y resulta notorio y evidente que la administración autonómica no ha cumplido ni tiene intención de cumplir la sentencia», afirmó la secretaria general de Jucil en Cataluña, Milagros Cívico. El sindicato policial apela a la ley de igualdad y al derecho de los agentes a la conciliación familiar. Alegan que los familiares de los policías destinados en Cataluña no pueden acompañar a los agentes si no encuentran centros educativos en castellano.
La Asamblea por una Escuela Bilingüe registrará en los próximos días una petición similar de ejecución del fallo judicial. El TSJC tendrá ahora que decidir si acepta estos recursos y si estas entidades son competentes para registrar una reclamación de este tipo. La ley prevé que puede hacerlo todo el que acredite ser parte perjudicada. Podría pedirlo el Gobierno, que está en el origen (2015) de la sentencia del TSJC, ratificada por el Supremo, que ha puesto en cuestión en modelo de escuela solo en catalán.
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El Govern trata de esquivar el fallo a través de un cambio en la ley de política lingüística de 1998 y para ello cuenta con el apoyo de PSC, ERC y En Comú Podem. En un principio, Junts también respaldó la modificación legal, pero más tarde se desmarcó. Socialistas, republicanos y comunes instaron ayer a los posconvergentes a regresar al consenso de las fuerzas catalanistas.
Mientras, Ciudadanos formalizó una denuncia ante la Fiscalía del TSJC_contra el consejero de Educación del Govern, Josep González Cambray, por presunta «prevaricación», al entender que no está cumpliendo la sentencia del 25%.
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