La sentencia del 'caso ERE' se conocerá después del 10-N

Según explicó en su solicitud, Lacalle necesita al menos dos semanas más de dedicación exclusiva para «ultimar» la «confección informática» de la sentencia. Ya se han completado «más de 50 archivos, redactados con carácter individual, que recogen diferentes hechos probados y fundamentos de derecho». No obstante, el magistrado explica que además de terminar la redacción, es «imprescindible la integración informática correlativa, siguiendo un orden congruente de esos archivos individuales, que configurarán la sentencia final». Asimismo, una vez coordinado e integrado todo el documento para darle coherencia, será también «imprescindible» su revisión completa por parte de las otras dos magistradas encargadas del caso, Pilar Llorente y Encarnación Gómez, que ya retomaron sus labores judiciales ordinarias.

Fuentes judiciales explicaron que la concesión de esta prórroga no supone, no obstante, que el fallo se de a conocer en 15 días, ya que esos últimos detalles podrían llevarse a cabo una vez que el magistrado se reincorpore a sus tareas, aprovechando huecos libres. El presidente del TSJA, Lorenzo del Río, ya resaltó meses atrás la extraordinaria complejidad de la causa, basada en procedimientos administrativos y cuestiones muy técnicas sobre las que no hay jurisprudencia previa, de ahí que el magistrado haya tenido que recurrir a textos doctrinales para tratar de arrojar luz sobre el más de un millón de folios de los que consta el sumario y las actas del juicio.

El juicio por la pieza política de los ERE, la más llamativa por cuanto sienta en el banquillo a dos expresidentes autonómicos, seis ex consejeros andaluces de las últimas dos décadas y otros 13 ex altos cargos, se prolongó durante un año y concluyó precisamente el pasado mes de diciembre, fecha estimada en la que según algunas fuentes se podría conocer la sentencia. En él se juzgó si la Junta de Andalucía, de forma deliberada, implantó en la administración durante los años 2001-2011 un procedimiento específico para conceder ayudas sociolaborales a empresas afines de forma opaca y al margen de cualquier control, lo que provocó numerosas anomalías: desde «intrusos» que se colaron en los expedientes de regulación de plantilla de empresas con las que nunca trabajaron a empresas, muchas de ellas vinculadas a dirigentes socialistas, que recibieron ayudas para proyectos que nunca vieron la luz. Las ayudas salieron de un fondo, el 31L, dotado con 855 millones de euros y al que el exdirector general de Trabajo y epicentro de la trama, Javier Guerrero, llegó a calificar de «fondo de reptiles».

Ninguno de los 21 implicados está acusado de haberse lucrado ilícitamente, ni se ha investiga un enriquecimiento del PSOE andaluz que quedó descartado, ya que las acusaciones de la Fiscalía apuntan más bien a un sistema clientelar que permitió a los socialistas apoltronarse en el poder durante casi 37 años. Sin embargo, desde el PP han equiparado el caso con una Gürtel del PSOE, llegando a pedir la dimisión de Pedro Sánchez si Manuel Chaves o José Antonio Griñán son condenados.

Ambos expresidentes se enfrentan a una petición de inhabilitación por un delito de prevaricación, pero sobre Griñán pende también una pena de seis años de cárcel por supuesta malversación continuada durante los años que estuvo al frente del área de Hacienda. Por su parte, los ex directores de Trabajo Javier Guerrero y Juan Márquez; y los ex consejeros José Antonio Viera, Antonio Fernández y Francisco Vallejo afrontan peticiones de ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación.