La Fiscalía argumenta con dureza que el 'procés' obedeció a un plan «violento y rebelde»

Zaragoza, un fiscal jefe curtido en asuntos duros en la Audiencia Nacional durante años -terrorismo, narcotráfico o crimen organizado-, se ha explayado con vehemencia durante hora. Ha afirmado que este es «un juicio en defensa de la democracia española y del orden constitucional» y ha advertido de que «nadie está por encima de la ley y actuar al margen de la legalidad no puede quedar impune».

«Nadie es o ha sido perseguido por sus ideas», ha señalado el acusador aragonés en respuesta a los alegatos que desplegaron ayer las defensas de la mayoría de los procesados, que plantearon la vista oral como una «causa general» contra el independentismo que vulnera derechos fundamentales. «Nada más lejos de la realidad», ha respondido Zaragoza frente a las afirmaciones de que lo que se va a juzgar en este procedimiento es «la capacidad de la democracia española para tolerar la discrepancia política y la protesta ciudadana», como señalaron algunas defensas.

Es más bien, según el fiscal del Supremo, «un juicio en defensa de la democracia española, en defensa del orden constitucional que consagró la Constitución de 1978». Afirmar que los acusados están siendo juzgados por sus ideas «es una falacia de colosales dimensiones que debe ser proclamada a los cuatro vientos», ha continuado Zaragoza, quien ha insistido que en esta causa «no se persigue una ideología que puede ser defendida en un sistema democrático», sino unas acciones por las que se trató de «imponer un determinado planteamiento político a los demás».

Ha recalcado que el ejercicio de los derechos políticos no justifica sustituir la Constitución por una «legalidad paralela», «imponer coactivamente un proceso de segregación territorial», desobedecer de forma «reiterada, sistemática y contumaz» al Tribunal Constitucional y «llamar, incitar, promover o agitar a miles de ciudadanos que, como muros humanos, han protegido urnas y centros electorales sabiendo que se les abocaba al choque violento«.

Su compañero Fidel Cadena, que coincidió con Zaragoza en la misma promoción universitaria en Zaragoza entre 1972 y 1977, ha defendido que la causa contra el 'procés' no persigue la ideología independentista, sino un «plan concertado» en el que estaba previsto desde el principio el uso de la violencia en «murallas humanas» y poniendo a los Mossos «al lado de la rebelión».

Cadena ha rebatido así los argumentos expuestos ayer por las defensas de que la causa supone una persecución del derecho a la libertad ideológica del independentismo. El fiscal ha sostenido que lo que se juzga en el Supremo no es una ideología determinada, sino un «plan organizado y minucioso», en el que desde el Parlament se creó una «legislación paralela» para dar a la ciudadanía «la idea de que esos derechos fundamentales son ilícitos».

En el marco de ese plan, ha añadido, la utilización de la violencia estaba prevista desde el comienzo, como apunta el documento 'Enfocats' -incautado en el despacho del investigado Josep María Jové y que establecía la hoja de ruta unilateral a la independencia-, de forma que las personas eran «requeridas» para lograr «el último momento de desconexión con el Estado».

Según Cadena, «se trata de una comunidad que desde la más absoluta unilateralidad» decidió separarse de España, en un «cóctel explosivo» que obligó a activar el artículo 155 de la Constitución, ya que «no existía otra posibilidad de llevar a cabo una vuelta a la legalidad», lo que obligó a intervenir al derecho penal.

Mucho más lineal y técnica ha sido la representante de la Abogacía del Estado en el juicio. Rosa María Seoane no ha entrado en cuestiones de calado y ha tenido un perfil bajo. Quizá porque el papel de los servicios jurídicos dependientes del Ministerio de Justicia ha sido muy cuestionado, después de que se decantaran por acusar solo por sedición (delito contra el orden público) y no rebelión (delito contra el orden constitucional).

En este segunda jornada del juicio, el tribunal ha autorizado además el uso de los lazos amarillos por parte de los acusados, no así por parte de los abogados. Ha sido a petición del abogado de Vox Pedro Fernández que, tras denunciar que Jordi Sánchez llevaba en su solapa este símbolo, había pedido a la sala que fijara un criterio.

El presidente Manuel Marchena, que evidentemente tenía preparada la respuesta a la polémica de los lazos, ha anunciado que la Sala, sin necesidad de deliberar, ha decidido que no «va a poner ningún obstáculo» a la exhibición de esos símbolos. Ha explicado que el Supremo hace suya la doctrina del Tribunal de Estrasburgo, que en dos sentencias contra Bosnia y Bélgica en 2017 y 2018 condenó a ambos estados por no permitir el uso de símbolos religiosos durante los juicios, en particular el uso del velo islámico. En la práctica, ha señalado el presidente, la sala equipara el uso de esos símbolos religiosos a los de carácter ideológico.

Los que no podrán llevar lazos son los abogados. Marchena ha recordado que el estatuto general de la Abogacía establece que los letrados deberán comparecer en sala vistiendo la toga sin ningún tipo de añadido, más allá del emblema del colegio de abogados.