Cristian Reino
Barcelona
Viernes, 2 de septiembre 2022, 19:13
El independentismo aparcó este viernes por un momento las cuitas internas y se aferró a la última resolución del comité de derechos humanos de la ONU para reclamar al Gobierno una respuesta política y para exigir responsabilidades «fulminantes» contra el juez instructor del Tribunal Supremo, ... Pablo Llarena. El organismo de la ONU ha dictaminado que España vulneró los derechos políticos de Junqueras, Romeva, Rull y Turull cuando el juez Llarena les suspendió como diputados autonómicos por estar procesados por rebelión sin haber sido condenados.
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Como ya ocurrió tras la publicación del informe sobre el espionaje con el programa Pegasus, el secesionismo cerró filas y trató de presionar al Gobierno para que mueva ficha en materia de desjudicialización de la política. «Debe haber una respuesta política, se llama amnistía. Se ha judicializado un conflicto político y la única manera de desjudicializarlo es anular las causas judiciales», aseguró Josep Rull.
El independentismo califica el fallo del comité de la ONU de victoria moral y política, pero también considera que puede serlo judicialmente. Y se conjura para que este dictamen actúe de «munición» en las numerosas causas que los dirigentes del 'procés' aún tienen abiertas en los tribunales europeos. En especial, los nacionalistas confían en que la resolución de Naciones Unidas les sirva para que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, acabe tumbando las sentencias del Supremo por las que fueron condenados a penas de 9 a 13 años por sedición.
Esta resolución evidencia que en España «no hay respeto a la separación de poderes y ha habido una clara injerencia del poder judicial en el marco legislativo», afirmaron. También albergan esperanzas de que el dictamen tenga incidencia en las causas por las euroórdenes en el TJUE, en Luxemburgo,
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