Sánchez vislumbra la salida del pozo del 4-M

Ni el Gobierno ni el PSOE lanzan las campanas al vuelo, pero respiran aliviados porque un plato de tan difícil digestión, para los suyos y la sociedad en general, como los indultos a los condenados del 'procés' va asimilándose con relativa normalidad. Al menos así lo ven en la Moncloa y en Ferraz. El respaldo del Congreso a las medidas de gracia, con la mayoría de la investidura sin fisuras; el apoyo masivo de la sociedad catalana; el aval de la CEOE por boca de su presidente, Antonio Garamendi, en sintonía con la patronal catalana, tanto la conservadora como la nacionalista; y el visto bueno de la conferencia episcopal de Cataluña forman un ramillete de argumentos favorables que ha insuflado optimismo en el Ejecutivo y el PSOE.

Cuando Sánchez puso las cartas sobre la mesa el pasado 25 de mayo, la amplia y rotunda reacción contraria a los indultos abonó los peores presagios. Pero la carta de Oriol Junqueras con su renuncia a la independencia unilateral por inviable e indeseable despejó los primeros nubarrones. Era el gesto que anhelaba el Gobierno para sustentar la tarea «pedagógica» de Sánchez.

La hiperbólica respuesta de Pablo Casado y el PP, con argumentos como la ilegalidad o inconstitucionalidad de los indultos, actuó como cemento para compactar las huestes socialistas. Incluso los más reticentes al perdón dentro del partido callaron o modularon sus críticas. La protesta de la plaza de Colón del pasado domingo y la polémica abierta por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, sobre la humillación al Rey con la firma de los indultos hicieron el resto para el cierre de filas.

«El espacio de comprensión se va ensanchando», mantiene un ministro socialista. Con el añadido, apostillan fuentes de la dirección del PSOE, de que «el desgaste es menor de lo previsto». Sánchez considera que el terreno está trillado para las medidas de gracia por su «utilidad pública» para la resolución del conflicto político en Cataluña. Da por descontado que la reacción de la oposición estará en línea con la campaña previa de rechazo y que presentarán recursos ante el Tribunal Supremo. Unas impugnaciones que el Ministerio de Justicia espera sortear con la prolija argumentación jurídica de los decretos preparada por la Abogacía del Estado.

A partir de ahí, en el Gobierno aguardan a que haya gestos de reciprocidad desde la Generalitat para encauzar el diálogo, y que Esquerra soporte los embates de Junts, su socio en el Govern, para elevar el listón de las exigencia a la Moncloa. Pero tampoco se engañan con el escenario que se avecina. Los socialistas son conscientes de que existe un sentimiento 'antisanchista' instalado en amplios sectores de la sociedad para los que los indultos serán un acicate. El PP, además, ha retomado el pulso tras las elecciones de Madrid, las encuestas le sonríen y su parroquia electoral se ha nutrido con la hecatombe de Ciudadanos. Se calcula que los populares lograrían una veintena de escaños extra en las elecciones gracias al electorado naranja huérfano.

«En septiembre estaremos empatados», pronostica un miembro de la dirección federal del PSOE. No se refiere tanto a expectativas en las encuestas como a contar con argumentos favorables para llevar a buen puerto la legislatura dentro de dos años y medio. Los socialistas están convencidos de que el tiempo es su gran aliado. En el horizonte se otea una etapa de fuerte crecimiento económico y los millonarios recursos comunitarios del fondo NextGeneration, dotado con 750.000 millones de euros, empezarán a llegar a España a partir de julio.

En el orden doméstico, las pugnas dentro del Gobierno de coalición con Unidas Podemos parecen superadas a partir del abandono de la política de Pablo Iglesias. Como botón de muestra, el acercamiento entre ambos socios en la ley de vivienda con un acuerdo para congelar los alquileres en las zonas en que los precios han crecido por encima de la media. Un entendimiento inimaginable hace nada.