Sánchez sitúa la ley de vivienda recurrida por sus socios como «el gran reto constitucional»

Con esa alusión ha dado entrada la nueva ministra de Vivienda y antes portavoz, Isabel Rodríguez, al presidente, que ha dejado clara desde el comienzo de su mensaje su intención de equiparar la bondades de la arquitectura como factor «transformador» para una sociedad que encara, entre otros desafíos globales, «la emergencia climática», con las virtudes igualmente transformadoras que atribuye a su Ejecutivo en contraposición a las derechas. Sánchez no las ha citado en ningún momento de forma explícita. Pero ha evidenciado la contraposición al aludir nada más empezar a Secundino Zuazo, el urbanista artífice de la zona de Nuevos Ministerios donde se ubica la Casa de la Arquitectura cuya carrera trucaron la Guerra Civil y la dictadura franquista; al éxito que ha querido subrayar de haber escogido dos edificios emblemático en el mundo -el Museo del Prado y la Alhambra de la Granada- para celebrar la cumbre la OTAN y el Consejo Europeo bajo la presidencia española por turno de la UE, con el propósito de proyectar la identidad de un país que antepone la cultura a «la barbarie de la guerra», que «se enorgullece de ser diverso» y que está comprometido con «el orden internacional basado en reglas» (en un contexto marcado por las guerras en Ucrania y en Gaza); y al triunfo de «la razón» sobre la «intolerancia» que representó Gropius, cuyo «torrente desbordante de creatividad» -ha remarcado- fue «odiado desde el primer día por los sospechosos habituales, por aquellos que ven siempre en la vanguardia la amenaza de lo cosmopolita, una provocación contra visiones uniformes negadoras de la pluralidad y la diversidad de nuestra sociedades».

Sobre estos cimientos y utilizando al promotor de la Bauhaus como metáfora de «la valentía y atrevimiento» frente a «dogmas físicos y marcos mentales obtusos» negadores de «la libertad», Sánchez ha calificado de «flagrante y cotidiano» el «incumplimiento» del artículo 47 de la Constitución que consagra el derecho a la vivienda que no puede ejercer debidamente -ha puesto cifras- los dos millones de familias que carecen de recursos para comprarse un piso y el millón y medio que se ve obligado a dedicar de media el 40% de sus ingresos a pagar el recibo mensual del alquiler. «Cuando un derecho no se materializa, se convierte en una mera aspiración, en un principio abstracto. Y cuando resulta inaccesible para la mayoría es la antesala del privilegio para unos pocos», ha zanjado el líder socialista, que ha celebrado que su Gobierno acabara la pasada legislatura -terminó siendo broche final ante el adelanto de las generales al 23-J- corrigiendo «la anomalía» de que España careciera de una ley «estatal» en este terreno durante cuatro décadas de democracia aunque sea un «Estado compuesto».

Es justamente la posible invasión de competencias autonómicas lo que enfrenta la legislación de la que se congratula el presidente, que ha incidido en el objetivo de dotar al país de 184.000 nuevas viviendas públicas y de alquiler asequible, a las objeciones de sus socios. La norma, erigida por Unidas Podemos cuando el partido de Ione Belarra aún tenía asiento en el Consejo de Ministros en uno de los ejes de su acción política, salió adelante tras una dilatada y trabajosa negociación, con tiranteces entre ministerios incluidas, con los votos de socialistas y morados apoyándose en ERC y EH Bildu. Pero los republicanos, en medio del tira y afloja para investir a Sánchez presidente, hizo piña en agosto en el Parlament con Junts, opuesto a la norma, para recurrirla pese a haberla refrendado por desbordar supuestamente un marco de decisión que es autonómico. Para entonces, el PNV había abierto ya una brecha, por el mismo motivo, con sus aliados del PSE en Euskadi con la impugnación de la nueva legislación por parte del Gobierno vasco ante el Tribunal Constitucional. Hoy, el presidente ha recalcado que aplicar la ley será prioritario en la legislatura que aspira a agotar y ha hecho un llamamiento a todos los actores políticos, institucionales y sociales concernidos a hacer «real y efectivo» el derecho a la vivienda más allá de «colores» ideológicos.