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Los 16 presidentes autonómicos que este viernes acudieron a la llamada de Pedro Sánchez en San Millán de la Cogolla, abandonaron el monasterio de Yuste con más dudas que seguridades sobre el reparto del fondo de ayudas que la Unión Europea destinará para la reactivación ... de la economía española. La decisión de que esta caja quede en manos del jefe del Ejecutivo no fue bien acogida por los líderes territoriales que temen que las decisiones de reparto lleguen ya cocinadas a las conferencias de presidentes que se van a celebrar mensualmente a la vuelta del verano. «Esta misma mañana, este fondo europeo ya estaba repartido. Esto nos da muy poco margen para ayudar, aportar y mejorar», lamentó la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, que cree que el 50% de los 140.000 millones que corresponde a España debería recaer en las comunidades.
También inquieta a los mandatarios, especialmente a los del PP, la confirmación de que el reparto de las ayudas se realizará en función de los proyectos que presente cada autonomía y no siguiendo criterios más objetivos de población, envejecimiento o impacto en el sector del turismo. Según avanzó Sánchez, la primera partida de estos fondos se otorgará desde Bruselas a los proyectos que cumplan los ejes de «digitalización, transición ecológica, igualdad de género y cohesión social y territorial». «No nos parece lo más acertado porque los proyectos siempre tienen un grado de subjetividad y porque no tenemos ninguna libre disposición de fondos», se quejó el andaluz, Juanma Moreno.
El presidente de la Junta fue muy crítico con las intenciones del Gobierno y demandó a Sánchez que para la distribución de fondos entre comunidades aplique los mismos criterios que Europa ha empleado para el reparto del dinero entre los distintos países, esto es, el nivel de población, el PIB y la tasa de desempleo. «Son los criterios –defendió– más acertados y equitativos».
Los barones del PP coincidieron en exigir una distribución «justa y equitativa», que no discrimine. «Ese reparto debe llegar por igual a todos los territorios», demandó el murciano, Fernando Lopez Miras, que añadió al factor poblacional la compensación por las actividades que más se han visto perjudicadas por las medidas para frenar el coronavirus y también de la infrafinanciación que arrastran algunas comunidades. Desde Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco exigió también que para el reparto de fondos se tenga en cuenta la dispersión geográfica y la extensión territorial.
Enfrente se situaron la anfitriona de la cita, Concha Andreu, y los presidentes de la Conunidad Valenciana, Ximo Puig, y de Canarias, Ángel Víctor Torres, aunque estos dos últimos con matices. El valenciano apeló a un reparto equitativo que sirva para superar las desigualdades entre las regiones mientras que el canario reclamó un acuerdo previo de reparto de cantidades por territorios antes de presentarlos a Europa. «Todos tenemos que hacer un plus de esfuerzo y armonizar las posiciones diferentes», advirtió Puig ante las críticas de parte de sus homólogos.
El plan que esbozó Sánchez pasa por constituir una comisión interministerial que presidirá él mismo, y una unidad de seguimiento del fondo de reconstrucción que dejará en manos de su jefe de gabinete, Iván Redondo. Al esquema, según explicaron desde el Gobierno, se añadirá una colaboración «multinivel» con las autonomías en una conferencia sectorial encabezada por la ministra de Hacienda.
El gallego Alberto Núñez Feijóo y el vasco Iñigo Urkullu coincidieron en reclamar un modelo de «cogestión», entre las autonomías y el Ejecutivo de coalición. «Es necesaria una cogobernanza colaborativa que dé carta de naturaleza a esa terminología de cogobernanza», avisó el lehendakari. El presidente de la Xunta solicitó además un protocolo de rebrotes a nivel nacional y que se creen «herramientas jurídicas» para poder confinar sin necesidad del estado de alarma, una petición que fue secundada por el resto de barones del PP.
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