Sánchez redobla su exhortación a la UE mientras arrecia la presión en España

El Ejecutivo lleva ya algunos días evidenciando su inquietud ante la posibilidad de que la cita de presidentes y primeros ministros de la UE no dé los frutos esperados. Y, sin embargo, el presidente volvió a cerrar este viernes la puerta a adoptar nuevas medidas antes del 29 de marzo, más allá de las ya puestas en marcha, fundamentalmente, la prórroga de la reducción de impuestos a la electricidad hasta el 30 de junio. Ni el impacto de la huelga de transportistas, que ya ha provocado algunos problemas de desabastecimiento, ni la presión tanto de la oposición como de sus socios de coalición para que rectifique han logrado efecto alguno.

Sánchez pudo exhibir hoy desde Roma el apoyo del Sur a su propuesta. En una comparecencia conjunta, el primer ministro italiano, Mario Draghi, el portugués, Antònio Costa, y el griego, Kyriakos Mitsotaki - que, por otro lado, ya han aprobado medidas nacionales- insistieron en que, de modo transitorio, hasta que la situación se normalice o a medio plazo sea posible encontrar fórmulas que redunden en la autonomía energética de la UE, es necesario actuar sobre el precio de la electricidad . España y Portugal ya han advertido de que si no hay acuerdo, toparan por su cuenta el precio de la luz (con un límite de 180 euros el megavatio hora), pero tanto Sánchez como Costa insistieron ayer en que debería adoptarse una posición común. El problema es que no todos los países respiran igual.

Alemania se resiste a aceptar la solución que propugna ya desde el pasado

septiembre España como la única realmente eficaz frente a una escalada de precios desmesurada y sin su apoyo habrá poco que hacer. El jefe del Ejecutivo español tratará de vencer esta tarde sus reticencias en un encuentro con el canciller Olaf Scholz, dentro de la gira que ha emprendido para ganar adeptos a su causa. Pero los socialistas admiten no tenerlas, ni mucho menos, todas consigo. Sánchez, sin embargo, evitó trasladar una imagen de derrotismo a pocas horas de ese encuentro crucial y aseguró que su propuesta «se va abriendo camino».

En el Gobierno justifican su empeño en pelear hasta el último aliento la vía del 'desacople' del gas en la inutilidad de rebajar impuestos o conceder ayudas -las dos vías que se están estudiando en el ámbito nacional para que la industria y los ciudadanos no sufran de manera tan drástica el aumento de los precios del gas, la luz y el combustible- si el precio del megavatio hora supera, por ejemplo, los 540 euros, como ocurrió el pasado lunes. Pero en casa, el presidente del Gobierno se encuentra exactamente con los mismos argumentos que él echa en cara a la Comisión: «Vamos tarde».

La portavoz parlamentaria del PP, y coordinadora del partido hasta el congreso de abril, Cuca Gamarra advirtió de que tanto el paro en el sector de los transportes como las manifestaciones convocadas por el mundo rural para este fin de semana no son más que «la punta del iceberg» del malestar social. «El Gobierno no está ejerciendo la responsabilidad y está, con esa pasividad -reprochó-, generando más problemas». E incluso la coportavoz de Podemos, Isa Serra, que acusó a la ultraderecha de estar tratando de «sacar tajada» de la situación, admitió que el Gobierno debería actuar ya «Lo que tenemos que hacer -esgrimió- es ampliar el escudo social para paliar los efectos que de la guerra de Ucrania».

En un intento de neutralizar esos mensajes Sánchez defendió que el Ejecutivo no ha estado de manos cruzados ni en la respuesta a la crisis energética ni en la atención a los problemas de los transportistas. Volvió a recordar así que ya el pasado junio se rebajo del 21% al 10% el IVA de la luz, redujo al mínimo permitido por Bruselas del 0,5% el impuesto especial sobre la electricidad y se eliminó temporalmente el de generación y se redujo en un 80% los peajes a la electrointensiva. Una medida en vigor, de momento, hasta el 30 de junio que, de prorrogarse hasta final de año costaría al Estado entre 10.000 y 12.000 millones de euros.

El presidente también adujo que en el paro de transportes hay una minoría actuando de manera «vandálica» frente a una mayoría con la que el Ejecutivo lleva dialogando desde el pasado diciembre y argumentó que hace unos días se ha convalidado el real decreto que recoge la obligatoriedad de actualizar las tarifas del transporte por la variación del precio del gasóleo.