Sánchez avisa de que «no hay plan B» y apela a la complicidad de las autonomías

Pero además de intentar convencer al Partido Popular -cuya abstención podría bastar para sacar adelante la prórroga- o a Ciudadanos, la hoja de ruta del Ejecutivo también genera desconfianza entre la filas del PNV y ERC, dos de sus principales aliados en la investidura.

Frente a la incertidumbre, Sánchez busca ahora recabar el apoyo de los presidentes de las comunidades autónomas, que exigen más competencias y con los que este domingo mantendrá su octava reunión desde el principio de la crisis sanitaria. Para ello ayer anunció un fondo «de reconstrucción» no reembolsable de 16.000 millones de euros «para no dejar atrás a ninguna región». Una decisión de impacto que proporcionaría 10.000 millones para compensar los gastos extraordinarios en Sanidad, otros 1.000 para gastos sociales provocados por la crisis y 5.000 más para fomentar la recuperación económica que, en palabras del presidente, se prolongará «hasta 2023». Una solución que se asemeja en los términos a la que el propio Gobierno solicita a la UE, con la diferencia de que el calado de esta asciende a los 1,5 billones de euros.

Con un tono más enérgico que en otras comparecencias, donde parecía visiblemente afectado por la situación, Sánchez se mostró abierto a sugerencias, respondió a las críticas y defendió su gestión de la crisis. «Hemos frenado la epidemia, hemos limitado en un tiempo récord la transmisión del virus y ahora toca recuperar nuestra vida», afirmó. También defendió, frente a la propuesta de algunas comunidades, que las fases de la desescalada se circunscriban a las provincias y no a las áreas sanitarias porque, en su opinión, «es fácil de comprender para el ciudadano, fácil de evaluar para las administraciones, y por tanto eficaz».

Desde Sanidad matizan que las provincias podrían sustituirse por otras áreas territoriales a propuesta de las comunidades si estas pueden mantener las estanqueidad en la movilidad de su población durante las sucesivas fases de la desescalada.

El presidente también pidió a todas las fuerzas políticas «colaboración, diálogo y generosidad». Pero la lealtad tiene un precio para el Partido Popular y Ciudadanos a la que tampoco ayudan las acusaciones de estos de «falta de comunicación» del Ejecutivo a la hora de tomar medidas. Ambos partidos aseguran que Sánchez no se ha dirigido a ellos desde el pasado 20 y 16 de abril respectivamente. Una acusación matizada por el presidente, que sostiene que «cada lunes» habla con todos los grupos parlamentarios pero que, desde Génova, calificaron de «mentira».

El líder de los populares, Pablo Casado, que se mostró favorable a apoyar el decreto del estado de alarma y sus sucesivas prórrogas, reclama en esta ocasión «un plan claro» de desescalada. Este sábado, durante los actos de conmemoración del Dos de Mayor en Madrid, acusó al Gobierno de no suministrar «medidas, el material de protección, el test o la planificación de una reapertura económica» y tachó la propuesta de Sánchez de «sudoku que nadie entiende».

Con estos ingredientes España llega a su octava semana en confinamiento y «con más dudas que certidumbres», como reconoció el presidente. De no prorrogarse el estado de alarma, las medidas tomadas hasta ahora dejarían de estar en vigor.