El Gobierno pretende mantener el estado de alarma hasta finales de junio

El jefe del Ejecutivo admitió que los mecanismos excepcionales «deberán limitar su vigencia», pero el plan diseñado por el Gobierno, que prevé culminar la desescalada a finales de junio, implica restricciones de movimientos y limita las reuniones a lo largo de sus cuatro fases. Y esto, apuntó el líder socialista, solo es posible bajo el artículo 116 de la Constitución. «Solamente el estado de alarma garantiza que podamos restringir esos dos derechos fundamentales para salvaguardar otros que son prioritarios en esta emergencia como el de la salud pública y salvar vidas», remarcó.

Pero las sucesivas prórrogas que Sánchez pretende pedir no impedirán que se produzca una «desescalada institucional» para ir modulando la situación de excepcionalidad en la que los territorios tendrán más poder de decisión. «Va a haber distintos estados de alarma. Ya estamos viendo distintos estados de alarma», aseguró el líder del Ejecutivo, aludiendo a la entrada mañana de la llamada fase 1, que permitirá a a casi la mitad del país mantener reuniones de hasta diez personas, acudir a comercios cuya superficie sea menor de 400 metros cuadrados y disfrutar, con limitaciones, de actividades culturales en museos y bibliotecas.

Durante su comparecencia, el presidente subrayó la importancia de extremar la «prudencia» y de «seguir a rajatabla» las medidas impuestas en cada territorio para emprender con seguridad el desconfinamiento. «Pido cautela a quienes entran en la fase 1. El virus –explicó– no ha desaparecido. Sigue ahí, al acecho». Por eso se ha requerido a las comunidades potenciar la atención primaria y afianzar las capacidades del sistema hospitalario como requisito para saltar de fase.

Sánchez eludió las críticas de aquellos territorios que se mantendrán al menos otra semana más en la fase inicial e insistió en que la estrategia de su Gobierno se basa en «no polemizar con otras administraciones» y «despolitizar la emergencia sanitaria». Así el jefe del Ejecutivo rechazó toda confrontación política con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, o con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de quienes se considera «un aliado» frente a la Covid-19.

Sánchez, que defendió una vez más la «transparencia» de su Ejecutivo durante la crisis del coronavirus, no quiso revelar los nombres de los científicos y técnicos responsables de la gestión sanitaria como le han pedido el PP y Vox. El director del Centro de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, argumentó en su comparecencia previa que esta ocultación se justifica para blindar a estos cargos de presiones. «Estamos siendo asesorados por expertos de una extraordinaria calidad» zanjó el socialista.

El jefe del Ejecutivo aprovechó su intervención para confirmar a Esquerra que mantendrá la mayoría que le otorgó la investidura el pasado mes de enero y que la mesa de diálogo pactada a cambio de su abstención se reunirá cuando se recupere la normalidad. «Nuestra prioridad y nuestra ideología –señaló– es salvar vidas». Sánchez pidió también colaboración y unidad a las fuerzas políticas para que trabajen juntas en la comisión parlamentaria que abordará la reconstrucción social y económica del país después de la pandemia. Y adelantó, además, la puesta en marcha de una mesa paralela con los agentes sociales para intentar alcanzar un pacto en el ámbito del mercado de trabajo para amortiguar la crisis que vendrá derivada de la emergencia sanitaria.