Ayuso va más allá de la crítica del PP y abre un pulso con Sánchez por el plan energético

Sánchez salía así al paso del último frente abierto con la presidenta madrileña, tras reunirse con el Rey en el Palacio de la Almudaina en su tradicional despacho veraniego antes de poner rumbo a Lanzarote. Ayuso ha vuelto a erigirse como punta de lanza contra el Gobierno central y avisa de que llevará lo que cree una afrenta hasta el final recurriendo el decreto ante el Constitucional si ve razones jurídicas para ello. «En la medida que la Comunidad pueda ser competente no lo aplicaríamos», afirmó el vicepresidente y portavoz del Ejecutivo madrileño, Enrique Ossorio.

En su réplica, Sánchez dejó claro que las leyes están para cumplirlas «y el decreto ley lo es», aunque no quiso adelantar cómo vigilará que Ayuso y su Gobierno lo acatan. Solo se remitió a que las multas están recogidas en el reglamento de instalaciones térmicas (RITE) que se rige por la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. Según lo dispuesto en este régimen sancionador, las infracciones podrían ir desde los 60.000 euros si son leves hasta los cien millones si se consideran muy graves. «Ya estamos acostumbrados a este tipo de respuestas de la señora Ayuso, que siempre demuestra egoísmo y falta de solidaridad», había lamentado a primera hora de la mañana la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, en la Ser.

El presidente insistió en la necesidad de que el país se sume al esfuerzo colectivo de Europa para ahorrar energía y hacerse «más fuerte ante el chantaje de Putin». España, dijo, es «europeísta por convicción», no solo por necesidad; y si recibió la solidaridad de los Estados miembros en plena pandemia, ahora debe corresponder, justo cuando Bruselas reclama «solidaridad».

Sánchez apeló a las declaraciones de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, quien no descarta que este otoño se produzcan «cortes repentinos» del suministro de gas por parte de Rusia a nivel comunitario, porque Moscú, remarcó, «está usando la energía como un arma más contra Europa». Ahorrar energía, prosiguió, significa «ahorrar en recursos económicos para nuestras familias». Por ello, incidió en su reclamación a partidos y gobernantes para que «huyan de cualquier comportamiento egoísta, unilateral e insolidario».

La rebelión de Ayuso no es compartida por otros gobiernos autonómicos del PP. Es el caso de Andalucía, que ya ha dejado claro que sí cumplirá con las propuestas avanzadas por Moncloa, de obligado cumplimiento para empresas y administraciones. «Las cosas son como son», afirmó el consejero de Presidencia, Antonio Sanz. Galicia o Murcia sostienen, por su parte, que leerán primero la letra pequeña del decreto-ley para ver si jurídicamente «existe la opción de no adoptar estas medidas» mientras que Castilla y Léon pide esperar a analizar la normativa antes de fijar una posición.

En Génova tampoco ven con buenos ojos la última salida de tono de la baronesa madrileña, pero no van a desautorizarla. «Nosotros entendemos la desesperación y la reacción de la presidenta de la Comunidad de Madrid ante los bandazos del Gobierno», aseguró el coordinador general Elías Bendodo, que se mostró comprensivo con la insumisión de Ayuso porque «lo que antes eran unas recomendaciones ahora nos las imponen por decreto».

El número tres del PP reprochó al Ejecutivo que no haya informado a alcaldes y líderes autonómicos sobre las medidas que deben adoptar y calificó de «provocación» y «frivolidad» su plan porque no aborda cuestiones estructurales, y porque el ahorro energético no empieza por el propio Gobierno. En su opinión, se necesita una propuesta «seria» que vaya más allá de decirle a la gente «que baje el aire acondicionado, que apague la calefacción y los escaparates y que se quite las corbatas».