El PP exige bajar impuestos y recortar gasto para salvar el decreto anticrisis

La línea directa entre Moncloa y Génova está abierta desde el martes por la noche. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, telefoneó al interlocutor económico designado por el PP, Juan Bravo, para sondear la posibilidad de que los 89 diputados conservadores permitan la ratificación del texto. La conversación, largamente esperada por los populares, no concluyó en ningún compromiso. El Gabinete de Pedro Sánchez se resiste a asumir alguna de las propuestas que Alberto Núñez Feijóo le remitió el pasado viernes en un documento «de país» sin el membrete de la sigla conservadora.

Ante el nulo avance del diálogo, y horas después de que el propio Sánchez pidiera «formalmente» el apoyo del PP al decreto, los populares han movido ficha y han hecho pública la carta que Bravo ha enviado a Montero este mismo miércoles. En la misiva, le reitera la necesidad de «abrir una negociación completa y detallada» sobre los puntos que contiene el plan de Feijóo. «Son propuestas realistas y, como ya explicamos, han sido estudiadas por numerosos expertos de la sociedad civil que también reclaman su aplicación», expresa el responsable económico de Génova en un documento de dos folios.

Son cuatro los puntos que integran la oferta. Los dos primeros se refieren a la bajada de impuestos de la que Feijóo lleva hablando desde que asumió el liderazgo del partido. En concreto, se demanda una actualización de los tipos del IRPF para «familias con rentas medias y bajas», y una reducción del IVA del gas y la electricidad al 5%, el mínimo habilitado por la Comisión Europea. En el tercero piden medidas que «agilicen» la ejecución de los fondos europeos y, en el cuarto y último, una «racionalización» del gasto burocrático que implicaría una reducción en el tamaño del Gobierno «en aras de una mayor solidaridad con las estrecheces que afrontan muchos ciudadanos». Asimismo, también reclama que la iniciativa se tramite como proyecto de ley.

La pelota está ahora sobre el tejado de Moncloa. A estas alturas, el decreto que permitió rebajar el precio del combustible y contener la subida de los alquileres frente a la galopante inflación, entre otras medidas, pende de un hilo. El calado social del plan anticrisis atraía a priori al bloque de la investidura, pero las informaciones sobre el espionaje a más de 60 dirigentes independentistas catalanes y vascos han cambiado el tablero. Las formaciones soberanistas de izquierdas reclaman unas explicaciones oficiales que, al igual que en días anteriores, tampoco han llegado en la sesión de control. Sánchez ha insistido en recordar las investigaciones del CNI y del Defensor del Pueblo, pero no ha aportado nuevos datos.

El principal cara a cara lo ha tenido con Gabriel Rufián, que ha enfatizado la gravedad del asunto. «Si lo sabían, es terriblemente grave; y si no, es aún más terrible porque significa que no han limpiado las cloacas. Cuando no se limpian, se llenan de ratas que se lo comen todo», ha lanzado el portavoz republicano. El jefe del Ejecutivo ha esquivado las preguntas de su principal sustento parlamentario a lo largo de la legislatura. Si bien ha reconocido que el tema es «serio», no ha pasado de la simple «voluntad de esclarecer los hechos» y de la defensa de la legalidad de las actuaciones. También ha llamado a «reconstruir la confianza» para proseguir el diálogo con la Generalitat después de que ésta restringiera sus contactos con Moncloa por el 'caso Pegasus'.

Las explicaciones no han servido al portavoz de ERC, quien ha vuelto a dejar abierta la puerta a un 'no' de sus 13 diputados al real decreto que se someterá a convalidación el jueves. Un escenario que pondría en apuros al Gobierno y que le abocarían a buscar nuevas vías para salvar su iniciativa. «No pasa nada, tienen una alternativa: el PP, que es de centro, de centro penitenciario. Feijóo tiene la alternativa», ha expuesto. Incluso se ha permitido aconsejar a Sánchez que pida el número de teléfono de Alberto Casero, el diputado conservador que con su error al votar telemáticamente permitió la aprobación de la reforma laboral hace casi tres meses.