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Pedro Sánchez no solo preguntará a la militancia del PSOE si apoya el pacto para un Gobierno de coalición suscrito esta semana con Sumar, como hizo en 2019 con la alianza a la que llegó con la formación de Pablo Iglesias y, como hasta ahora, ... se había apuntado desde la dirección. El jefe del Ejecutivo en funciones anunció este viernes que la consulta a la que mañana pondrá fecha el comité federal de su partido incluirá en esta ocasión una pregunta sobre los acuerdos que aún negocia con el resto de formaciones políticas necesarias tanto para la investidura como para dar estabilidad a la legislatura. Pero también admitió que los afiliados tendrán que opinar a ciegas, antes de conocer su contenido.
Sánchez se amparó una cuestión de viabilidad en los plazos para justificar esta metodología. «No podemos entrar más en el detalle porque, evidentemente, estamos en ese proceso de negociación y, vamos, si hago todo eso, me tendría que ir al 27 de noviembre, ¿no?», argumentó, durante una rueda de prensa en Bruselas, en alusión a la fecha límite de la que dispone para materializar su investidura en el Congreso antes que se convoquen automáticamente elecciones para el 14 de enero.
La fórmula elegida le permitirá de alguna manera tener manos libres en la negociación con Bildu, PNV, BNG y, singularmente, con ERC y Junts, con quienes lleva meses hablando de la polémica amnistía a los encausados del 'procés', una medida que él mismo rechazó una y otra vez la pasada legislatura, que en el PSOE tildaban de inconstitucional hasta el 23 de julio, y que cuenta con la oposición de figuras como Felipe González, Alfonso Guerra, Ramón Jáuregui o Jordi Sevilla.
El líder de los socialistas se mostró, de hecho, convencido de que logrará recabar un amplio apoyo incluso aunque no haya explicado aún hasta dónde está dispuesto a llegar . «Tengo la rotunda y absoluta confianza, porque he hablado con muchísimos cuadros, en que el respaldo va a ser muy importante. Ahora bien, los militantes del PSOE se pueden expresar libremente y con todo el respeto de la comisión ejecutiva federal», dijo.
En distintos territorios confirman su apreciación. El único dirigente en activo abiertamente crítico con la decisión de convertir a Carles Puigdemont en un interlocutor legítimo y con el borrado de los delitos relacionados con el amago independentista de 2017 es el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García- Page, que este viernes, víspera del cónclave que el PSOE celebrará en Ferraz – y en el que los socialistas tendrán ocasión de debatir por primera vez sobre el asunto–, volvió a dejar clara su postura. También lo ha sido el expresidente de Aragón y aún líder de los socialistas en esa comunidad autónoma, Javier Lambán, pero un problema de salud le impedirá acudir al comité.
Page, plenamente consciente, según confirman en su entorno, de que sus palabras no encontrarán eco en el primer comité federal convocado desde las generales, insistió en su rechazo a la amnistía. «Estoy en contra por muchas razones, sobre todo, porque para empezar a hablar de este tema lo primero que tienen que hacer (los independentistas) es acatar la Constitución y comprometerse a no volver a salir del carril», argumentó.
El resto de barones y cuadros regionales sostienen que la decisión de su líder está bastante «digerida» ya entre las bases. La consideran un peaje necesario para un bien mayor: la continuidad del Gobierno «progresista». Sí hay quien admite cierta preocupación porque la opacidad y el secretismo que rodea las conversaciones con Carles Puigdemont –que este vienres volvió a advertir que ni renuncia ni renunciará nunca a la declaración unilateral de la independencia– y con ERC –que el jueves exigió al PSOE que renuncie a que la ley de amnistía considere el 1-O delito–esté permitiendo que se imponga el relato tanto del secesionismo como del PP, pero esa inquietud va a acompañada de la confianza de que el efecto se revertirá pronto.
Sánchez insistió en que la discreción es necesaria para lograr su objetivo, pero también dejó caer que en la reunión del máximo órgano socialista entre congresos será algo más claro de lo que ha sido hasta ahora al referirse a las concesiones que está dispuesto a hacer al expresidente de la Generalitat, prófugo de la justicia, a cambio del apoyo de los indispensables siete diputados de su partido. Unas concesiones que, en todo caso, reviste de ejercicio en pro de la «convivencia» y la «normalización» de Cataluña.
«Lo que hagamos será siempre en coherencia con lo que hemos venido haciendo durante todos estos últimos cinco años. Y creo además que los resultados están ahí. Hoy Cataluña su situación nada tiene que ver con la que heredamos en el año 2018», insistió, tras prometer, una vez más, «luz y taquígrafos», una vez los acuerdos con Junts y ERC hayan sido firmados.
En el Ejecutivo y el PSOE siguen transmitiendo optimismo sobre la posibilidad de que la investidura llegue a buen puerto a pesar de los mensajes de los partidos secesionistas que apuntan a un bloqueo. El presidente reiteró, no en vano, que el pacto sellado con Sumar esta semana ya ha supuesto «un avance» y añadió que «en los próximos días» van a seguir dándose pasos y que su esperanza es que «pronto» haya Gobierno. Los más optimistas sitúan la investidura en la semana del 6 de noviembre.
Como Pilatos, Sánchez se lavó este viernes las manos en la disputa con Podemos sobre la composición del eventual Gobierno de coalición entre el PSOE y Sumar. La formación que dirige Ione Belarra, integrada en el grupo parlamentario de Yolanda Díaz, exige la continuidad de Irene Montero al frente del Ministerio de Igualdad y, en las últimas semanas, ha blandido el peso de sus cinco diputados -una cifra nada despreciable teniendo en cuenta la frágil mayoría que están tratando de armar los socialistas- para tratar de imponer sus demandas. Los morados siempre han dejado más o menos claro que no pondrán en riesgo la investidura, pero advierten de que su compromiso con las políticas que pretenda impulsar el Ejecutivo no será el mismo si forma parte de él que si queda fuera. En la anterior coalición del Gobierno con Unidas Podemos, el líder del PSOE acordó con Pablo Iglesias un número determinado de carteras (5) y sus competencias pero no entró a decidir los nombres, que dejó enteramente a criterio del entonces líder de la confederación de partidos de izquierdas. Esta vez, según dio a entender, tiene intención de hacer lo mismo. «No soy yo quien debe responder a esa pregunta», dijo a una cuestión específica sobre el tema. En todo caso, fuentes de Sumar y del PSOE aseguran que todavía no han entrado a negociar el reparto ministerial.
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