Sánchez se garantiza la unidad del PSOE contra la ofensiva del PP por la sedición

Que haya dirigentes socialistas que miren con desagrado la idea de reformar la ley para favorecer a quienes protagonizaron la intentona independentista de 2017 es una cosa y que acepten que eso pueda ser un argumento para no cumplir el mandato constitucional de renovar cada cinco años (ya van para nueve) el órgano de gobierno de los jueces, otra muy distinta. El expresidente Felipe González dio muestra de ello el pasado sábado durante la conmemoración del 40 aniversario de la gran victoria electoral de 1982. Pero no ha sido el único. Incluso alguien tan poco condescendiente con el secesionismo como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, cargó el pasado viernes contra la actitud de Alberto Núñez Feijóo, a quien no hace tanto defendió de las críticas de Sánchez. «Hay que cumplir y ser formales y el PP tiene la misma obligación del resto de separar intereses electorales de los intereses institucionales», dijo.

En el entorno de otro alérgico al independentismo, el presidente de Aragón, Javier Lambán, también avisan de que rechazarán sin problema cualquier moción que pueda plantear el principal partido de la oposición sobre el asunto de la sedición. «Independientemente de nuestra posición de fondo, que el presidente expresa cuando cree conveniente, siempre rechazamos este tipo de iniciativas porque el PP no las plantea para debatir sino para desgastar al Gobierno», apuntan tras dejar claro, además, que coinciden con el planteamiento de González y Page.

Si esa es la reacción a la amenaza popular en territorios con un sesgo algo más conservador o centralista, en direcciones más federalistas como la de la Comunidad Valenciana, a cuyo frente está el también presidente autonómico, Ximo Puig, van todavía más lejos. «No solo no ponemos peros a esa reforma del Código Penal, creemos que se tendría que haber promovido antes», dicen. En Castilla y León no entran a valorar la eventual modificación de penas, pero tiran de ironía. «No arregla Feijóo lo del CGPJ ni con diez mociones», esgrimen. Y en Extremadura, algo más cautos, lanzan una pregunta al vuelo: «¿De verdad ese es el problema que preocupa a los españoles?».

El Gobierno sigue sin aclarar si ya tiene una propuesta concreta que plantear a Esquerra sobre la sedición. Algunas fuentes insisten en que no será fácil llegar a un texto que sea válido para ambos porque «homologar» las penas a los ordenamientos de nuestro entorno (el argumento bajo el que Sánchez defiende una reforma que jamás planteó en campaña electoral) puede significar muchas cosas, según para quien. No hay dos ordenamientos iguales ni dos tipos delictivos exactos en Europa. El PP, en consonancia con lo apuntado por el Tribunal Supremo en sus escritos contra los indultos del 'procés', sostiene, por ejemplo, que lejos de ser más laxos los códigos penales de otras democracias europeas castigarían los hechos ocurridos en Cataluña en 2017 con mayor dureza de lo que hizo el alto tribunal.

En la Moncloa aún ponen alguna reserva a que efectivamente pueda alcanzarse una mayoría que respalde la reforma y dicen que eso es lo que siempre se ha dicho en público y en privado al PP, no que la reforma no se fuera a hacer porque se trata de un compromiso «personal» del jefe del Ejecutivo. Renunciar a él no está en los planes de Sánchez. «El cumplimiento de la ley no se puede condicionar a nada», insisten. «No aceptamos chantajes»

Como ya apuntó el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, el Gobierno estudiará ahora «todas las opciones» para tratar de salir de la situación de bloqueo en la que ha vuelto a quedar el Consejo General del Poder Judicial tras la ruptura de unas negociaciones que estaban ya muy avanzadas. El negociador popular, Esteban González Pons, admitió este lunes en Onda Cero que se habían cerrado 20 nombres «intachables» para renovar la institución. En público, el Ejecutivo no rechaza nada. Ni siquiera recuperar la rebaja de las mayoría parlamentarias para poder designar a los nuevos vocales sin el PP, como pide Podemos. Moncloa se resiste a mostrar sus cartas porque su objetivo ahora es otro: que toda la presión recaiga sobre Feijóo y que sea a él a quien se pida cuentas.