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El supuestamente inminente pacto para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, tras casi cuatro años de desencuentro absoluto entre PP y PSOE, no cambiará las dinámicas de fondo de la legislatura. No lo quieren ni uno ni otro. Menos aún a poco más ... de medio año para unas elecciones autonómicas y municipales que ya han convertido todo debate parlamentario en un escenario más de campaña. Se vio el pasado jueves en el Congreso, durante la comparecencia solicitada por el presidente del Gobierno para informar de la última reunión del Consejo Europeo y volverá a ponerse de manifiesto este martes en el Senado, con más fuerza todavía.
Pedro Sánchez reclamó específicamente una intervención en la Cámara alta, el mismo día que lo solicitó en la baja, hace dos semanas, no porque desee dar a la institución un nuevo protagonismo sino porque es la única manera de confrontar su proyecto cara a cara con el líder de la oposición. Y de hacerlo, además, desde una posición ventajosa porque mientras sus intervenciones pueden durar lo que él desee, las de su oponente (y del resto de los grupos) están restrigidas a quince minutos en una primera intervención y cinco en las réplicas.
Algunos en el PSOE tienen dudas sobre lo acertado de la estrategia de descrédito puesta en marcha por el jefe del Ejecutivo precisamente en su anterior rifirrafe parlamentario con Alberto Núñez Feijóo, el 6 de septiembre, cuando dedicó casi la mitad de su discurso a atacar sus cualidades como político con la coletilla, ya manoseada, de «¿Es insolvencia o mala fe?». El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, la ha criticado abiertamente. Pero en la Moncloa están convencidos de que funciona.
Con los datos del último CIS aún frescos sobre la mesa, y a pesar de la tenacidad con la que los sondeos privados remarcan la ventaja popular en intención de voto, la dirección socialista da por demostrado que el expresidente gallego ha perdido buena parte del halo con el que desembarcó en Madrid hace ya siete meses y que el cuestionamiento de su «solvencia», al que tanto se entregó el presidente del Gobierno en el debate de septiembre, ha hecho mella. Dan por sentado, además, que las medidas aprobadas para hacer frente a la crisis están calando.
Sánchez, que recibió ayer el inesperado reconocimiento de Felipe González a la difícil coyuntura en la que le ha tocado gobernar, ha hecho una apuesta por lo que en Moncloa llaman recetas socialdemócratas. Y el presidente, en buena medida, se siente reforzado por una Unión Europea que, aun con diferencias sustanciales respecto al diseñado por su Gobierno, ha decido abrazar la idea de un impuesto extraordinario a las energéticas y, aun con reticencias de países tan relevantes como Alemania, se ha abierto a debatir la limitación del precio de gas ya implementado en España. «Tenemos la oportunidad de dirigirnos una vez al país para explicar lo que está pasando y exponer nuestro plan para proteger a las clases medias y trabajadoras», esgrimen en el Ejecutivo.
Los populares confían en que el presidente no repita lo ocurrido en su anterior comparecencia, en la que «se dedicó a insultar casi dos horas a Feijóo», y module el tono. Si no lo hace, avisan en la dirección, puede poner en riesgo acuerdos futuros. «Fue un error y tiene ahora una gran oportunidad de rectificar su estrategia», afirmó ayer el coordinador general del PP, Elías Bendodo.
En Génova aseguran que su jefe de filas no se saldrá ni un ápice de la línea que ha seguido hasta ahora porque no hay intención de «ganar a Sánchez en insultos». Será «predecible, solvente, con las ideas claras y un concepto claro de España», volviendo a tender la mano al presidente para alcanzar pactos de Estado. Así, el objetivo de Feijóo es el de mantener un tono «crítico» pero también de «propuesta», una vez que España está en una posición crítica, además de por la guerra en Ucrania, por la «ineficiencia y la megalomanía» del Ejecutivo.
El líder gallego pondrá el foco en la crisis energética, así como en los retrasos en la ejecución de los fondos europeos y en la necesidad de un cambio, ya que el Gobierno está aumentando irresponsablemente el gasto público. Interrogará también al presidente sobre si pactó o no con Pere Aragonès no recurrir la sentencia que obliga a cumplir el 25% del castellano en la escuela catalana o el motivo por el que ha escogido a su exministra Magdalena Valerio para sustituir a María Teresa Fernández de la Vega al frente del Consejo de Estado.
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