Sánchez desoye la demanda del PP para que dé la cara en el Congreso por los ERE

El Ejecutivo ha querido trazar una frontera entre el desvío de los 680 millones de euros distribuidos de forma irregular a los parados en Andalucía bajo gobiernos socialistas y el presidente en funciones. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Celaá insistió en que el caso de los ERE fraudulentos «no afecta a este Gobierno y mucho menos al presidente». Sí admitió que el fallo no le es indiferente ni a Sánchez ni «a quienes hemos compartido la vida pública con los implicados». «Nos duele profundamente», aseveró este viernes la también ministra de Educación.

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CECILIA CUERDO

Desde que se conoció la sentencia de la Audiencia de Sevilla, el pasado martes, el jefe del Ejecutivo ha eludido hablar del asunto, mientra otros miembros del Gobierno se han limitado a repetir como un mantra que el caso no afecta a la dirección del PSOE, que los exmandatarios condenados no se enriquecieron y que la trama no está vinculada a la financiación del partido. «Ni una sola vez el partido sale implicado en la sentencia», insistió Celaá con el mismo argumento que empleó la víspera la líder del PSOE andaluz, Susana Díaz.

En un intento de que Sánchez se pronuncie, el PP registrará en cuanto se constituyan las Cortes el próximo 3 de diciembre la petición para que comparezca de forma «extraordinaria y urgente». «ERE y Sánchez son lo mismo», arguyó este viernes el senador popular Javier Maroto. Los conservadores, que insisten en que hubo intencionalidad política para que no se conociera la sentencia hasta pasadas las elecciones, ponen el foco además en Carmen Calvo, María Jesús Montero y Luis Planas, tres de los miembros del gabinete que, en distintos momentos, fueron consejeros de la Junta bajo el mandato de Chaves o de Griñán.

Pero el Ejecutivo socialista descarta que Sánchez acuda al Congreso por ese motivo. En la Moncloa insisten en que hay que esperar al «camino que se siga en los tribunales» puesto que la sentencia de los ERE es recurrible y el Supremo podría reducir las penas.