Había saltado ya la noticia de que Yolanda Díaz se encontraba en Bruselas para entrevistarse con Carles Puigdemont, indispensable para la formación de un nuevo Gobierno en España, cuando Pedro Sánchez lanzó ante el auditorio congregado a primera hora de la mañana en el Ateneo ... de Madrid un mensaje nítido: «El acuerdo se puede, se debe y se va a alcanzar». El jefe del Ejecutivo en funciones evitó pronunciar las palabras referéndum o amnistía, las dos exigencias que tanto Junts como ERC han puesto sobre la mesa para respaldar su investidura, pero sí defendió que hay que «pasar página» de lo ocurrido en Cataluña en 2017 y prometió seguir tomando «medidas valientes», en línea con los indultos y la derogación del delito de sedición concedidos la pasada legislatura.
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En Moncloa insisten en desvincularse una y otra vez de la decisión de la vicepresidenta en funciones. Aseguran que su encuentro en la capital comunitaria con el expresidente de la Generalitat, prófugo de la justicia, no forma parte de ninguna estrategia conjunta y que Sánchez supo de ella solo a última hora del domingo, «a hechos consumados». Sin embargo, tampoco la censuran. Y el presidente hizo muy explícito el optimismo con el que afronta las conversaciones destinadas a asegurar su continuidad en el cargo. «Confío en que España contará pronto con un Gobierno progresista», dijo.
Pese a conceder que la negociación será «compleja y exigente», Sánchez dio por sentado no solo que logrará ser investido sino que, además, podrá culminar otra legislatura de cuatro años. Algo para lo que, según dijo, se pondrá a trabajar «sin dilación» tan pronto como fracase el intento de investidura de Alberto Núñez Feijóo el próximo día 29 (el debate se celebra los días 26 y 27 pero la votación clave tendrá lugar dos días después de la primera). En el PSOE hay quien apunta a la tercera semana de octubre como la fecha más cercana posible para que Sánchez someta su programa a la consideración del Congreso de los Diputados, aunque no hay nada cerrado y algunas fuentes consideran prematuro hablar de calendario.
Las señales que ha ido enviando la dirección del partido y el círculo más próximo al presidente apuntan a que la opción de un referéndum vinculante sobre la independencia está fuera de la mesa pero que, en cambio, sí se ve margen para una fórmula semejante a la amnistía para los implicados en el 'procés'. Ante el grueso de sus ministros, Sánchez reiteró en el Ateneo que buscará una «solución plenamente coherente con la Constiución» y, al mismo tiempo, que está dispuesto a adentrarse por terrenos en los que ningún otro Gobierno osado avanzar antes. «Como debe hacerse: sin temor, con ambición y con audacia» adujo.
De momento, el único dirigente socialista que ha expresado su oposición a esa hoja de ruta es el presidente castellano-manchego, Emiliano García-Page. En una entrevista en Onda Cero, insistió este lunes en que la negociación de una amnistía con los partidos secesionistas que hace seis años pusieron en jaque al Estado carece de cualquier «base moral» y vulneraría el principio de igualdad ante la ley de los españoles. «Eso es ser juez y parte, que cualquier delito con un voto más en el Congreso se pueda amnistiar. Es un planteamiento que contrasta con la Constitución», advirtió.
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La amnistía era la legislatura pasada para el propio Sánchez una clarísima línea roja. El PSOE había defendió frente a ERC de manera insistente y consistente que algo así no tenía cabida en el ordenamiento español. En este momento, con sus posibilidades de seguir en el Gobierno en juego, en cambio, su posición se asemeja más a la de Podemos, partidario de una interpretación laxa de la Carta Magna. «Es el momento de ser coherentes y seguir avanzando en la convivencia», esgrimió hoy Sánchez. «Estos últimos años han servido para iniciar la etapa del reencuentro y la concordia; los próximos serán los que consoliden la cohesión territorial y garanticen la convivencia en democracia».
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