Sánchez aplaca la alarma por el malestar social pero no el incendio por el Sáhara

El de este miércoles fue un debate extraño. Sánchez decidió aprovechar su obligación de informar sobre lo abordado en el último Consejo Europeo para incluir en el orden del día del pleno las explicaciones que venían demandándole tanto sus socios de coalición, Unidas Podemos, como el resto de partidos por el giro inesperado a la posición que tradicionalmente ha mantenido España sobre su excolonia.

A nadie, salvo al PSOE, le gustó la idea de mezclar debates. Los grupos sospechaban que el presidente del Gobierno trataba de diluir un asunto espinoso en el que no cuenta con ningún apoyo, amparado en la trascendencia del momento político y las repercusiones de la guerra en Ucrania. La estratagema, en todo caso, no ahorró al jefe del Ejecutivo el mismo rapapolvo general que ya se llevó el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en la comisión parlamentaria encargada de la política internacional.

Como jefe de la diplomacia española, Sánchez sostuvo que no ha habido cambio de postura sino una profundización en la senda que ya marcaron sus predecesores. También adujo que casi se hacía ineludible dar el paso de reconocer la propuesta de autonomía marroquí como «la base más seria, creíble y realista» para resolver el conflicto del Sáhara dada la posición de Estados Unidos o de socios europeos como Francia y Alemania.

El presidente del Gobierno apeló, además, al pragmatismo al insistir, una vez más, en la necesidad de zanjar la crisis abierta con un socio como Marruecos, fundamental, entre otras cosas, para la gestión de los flujos migratorios. «Reivindico el camino que hemos tomado, el de la política real, el del sentido de Estado, el de la estabilidad, la prosperidad y la seguridad de Ceuta y Melilla, de España y de toda Europa», esgrimió.

Ningún partido dio por buenas sus razones. La mayoría hablaron de «traición» al pueblo saharaui, de abandono de las responsabilidades de España como potencia descolonizadora y de «cesión» ante un régimen «autocrático» y poco fiable. «Cuando una decisión es tan poco compartida y no se entiende, el Gobierno -advirtió incluso el portavoz de Podemos, Pablo Echenique- tiene el deber de escuchar y reflexionar».

En el aire quedaron muchas preguntas: ¿Quién escribió realmente la carta plagada de incorrecciones que Sánchez dirigió a Mohamed VI? ¿Hay garantía de que Marruecos vaya a renunciar a Ceuta y Melilla? ¿Por qué el Gobierno defiende el derecho del pueblo ucraniano a existir frente a Rusia pero no el del pueblo saharaui a hacer lo propio frente a Marruecos? Esta última fue del portavoz de ERC, Gabriel Rufián.

Con todo, el presidente del Gobierno no salió mal parado de las más de siete horas de debate en las que también desgranó su plan de choque contra las consecuencias económicas y sociales de la guerra y durante las que volvió a reclamar la adhesión de todo el arco parlamentario con un discurso clavado al que realizó el lunes en la conferencia ante el mundo empresarial en la que adelantó el grueso de las medidas. No hubo muestras de entusiasmo. Pero en comparación con el aldabonazo que los aliados habituales del Ejecutivo le propinaron la semana pasada, cuando el descontento social comenzó a desbordarse en forma de manifestaciones y protestas (del mundo rural, de los transportistas, del sector pesquero...), fue un camino de rosas.

Todos los grupos de la investidura consideran que el plan gubernamental es «insuficiente», que habrá que hacer reformas estructurales, que los tres meses en los que estará en vigor se quedan cortos y que es preciso un recargo a las grandes fortunas y compañías eléctricas para que financien el aumento del gasto. Aun así, la negativa del Gobierno a sumar nuevas bajadas de impuestos a las ya aplicadas al recibo de la luz y la asunción de buena parte de la propuestas de Unidas Podemos -la extensión del bono social a 600.000 familias más; el aumento un 15% del IMV; la limitación del 2% al alza de los alquileres; o la prohibición de despedir por razones objetivas a quienes entren en un ERTE o reciban ayudas públicas- han atemperado notablemente sus reproches.

Los partidos de la derecha, en cambio, se mostraron mucho más críticos y censuraron que no se contemple, por ejemplo, la deflactación del IRPF. «Para ustedes todo se resuelve bajando impuestos -les reprochó Sánchez-. En estos momentos, es suicida desarmar al Estado del bienestar. Ustedes están en el 'sálvese quien pueda'; nosotros en 'todos a una'».