Casi al mismo tiempo que el grupo socialista abría la puerta al debate sobre la despenalización de las injurias al Rey en el Congreso, Pedro Sánchez hacía una fogosa defensa de la Corona en el Senado. El presidente del Gobierno explicó que decidió recurrir ... ante el Constitucional contra la resolución del Parlamento de Cataluña que pedía la abolición de la Monarquía por «pura convición, por puro convencimiento».
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Sánchez respondía de esta manera a una pregunta del senador de Esquerra Joaquim Ayats sobre si hubo alguna instrucción o petición de la Zarzuela al Ejecutivo para dar ese paso. «No. Lo que hace el Gobierno es cumplir la ley y hacer cumplir la ley», respondió el presidente.
El pasado 11 de octubre el Parlamento catalán aprobó con los votos del PDeCAT, Esquerra y En Comú Podem una resolución que reprobaba a Felipe VI y pedía la desaparición de la Monarquía por su papel en el proceso soberanista de Cataluña. El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes pedir el aval del Consejo de Estado para recurrir la declaración.
Sánchez reprochó a Ayats que plantee debates «artificiales» con la única finalidad de atacar al Estado. El presidente del Gobierno, subrayó, está obligado a defender el modelo constitucional, que no es otro que «la Monarquía parlamentaria», y lamentó que el senador de Esquerra se hubiera arrogado la representación de «todos los catalanes», cuando está demostrado elección tras elección que el independentismo es minoritario entre la población de Cataluña aunque tenga mayoría parlamentaria.
Ayats tuvo una dura intervención contra Felipe VI, al que achacó «poca altura política» y tener «cero empatía» con los catalanes. Defendió asimismo «el derecho» de la Cámara catalana a reprobar al Rey, «como hace el Congreso con los ministros», porque «los catalanes no tienen rey» y no reconocen a un jefe del Estado que representa a una institución «medieval y antidemocrática».
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Sánchez, que tuvo un patinazo al llamar Felipe II a Felipe VI, concedió a su interlocutor que tenía derecho a defender un modelo de Estado republicano, pero siempre que lo haga «dentro de la ley». Porque si se sitúa al margen de la legalidad, como a su entender hizo el Parlamento catalán, el Gobierno «actuará si persisten en el error».
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