El Gobierno justifica su pacto con Bildu con reproches a PP y ERC

Lo que sí reconoció la dirigente socialista es que en el Consejo de Ministros conviven «diferentes sensibilidades» pero nada, en su opinión, que no ocurra «en todos los Gobiernos». Aunque Montero echó balones fuera sobre las divergencias surgidas en las últimas horas entre Nadia Calviño y Pablo Iglesias, dejó claro que no habrá una derogación íntegra de la reforma laboral, como recoge el acuerdo con EHBildu –luego matizado por el PSOE–, sino que será solamente parcial, esto es, de sus «aspectos más lesivos».

La portavoz del Gobierno se remitió al pacto programático firmado con Unidas Podemos, en el que se recogen los puntos concretos de la reforma laboral que se modificarán y la voluntad de hacerlo dentro del diálogo social. Pero la decisión sigue sin gustar a la formación morada, que ayer volvió a insisir en la que la normativa debe ser derogada al completo. «Hemos acordado que nos la vamos a cargar», señaló en Twitter el portavoz parlamentario, Pablo Echenique, tensionando aún mas las costuras del Ejecutivo.

Este dirigente de Unidas Podemos fue el encargado de liderar, junto a la portavoz socialista Adriana Lastra, las negociaciones con la izquierda abertzale para sellar un pacto que sanciona la posición tradicional de la formación morada de revertir de «manera íntegra» la reforma laboral de 2012 que sacó adelante Mariano Rajoy. «Este es un Ejecutivo unido y cohesionado, le pese a quien le pese», insistió Montero, que recordó a todos los ministros que «están comprometidos» con el pacto programático entre el PSOE y Unidas Podemos.

La también ministra de Hacienda repartió culpas ante la crisis política generada por el acuerdo con EH Bildu y atribuyó la responsabilidad al PP, que a su juicio solo trata de derribar al Gobierno aprovechando la crisis sanitaria. También lo hizo respecto a algunas fuerzas progresistas, en alusión a Esquerra Republicana de Catalunya, por entrar «en una dinámica de negociación imposible». El resultado, lamentó, es que «el Gobierno se ha sentido solo».

Fue esa soledad y la necesidad de garantizar el estado de alarma para seguir frenando la transmisión del virus lo que empujaron, en palabras de Montero, al Ejecutivo de Pedro Sánchez a explorar nuevas alianzas con los independentistas vascos. «Este Gobierno –justificó– está haciendo lo que es su deber y su obligación». La portavoz hizo también un llamamiento a «resetear» ciertas actitudes políticas porque la situación sanitaria y económica del país «no puede permitirse vetos contrapuestos que hacen inviable los acuerdos».

Pero los populares recriminan al Gobierno que apunte a su tejado para justificar el acuerdo que se ha alcanzado con la formación abertzale e insisten en que el único «responsable» es el propio Sánchez. De ahí que hayan solicitado su comparecencia y la de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en el pleno del Congreso. «A este paso la culpa de la muerte de Kennedy también la tendrá el PP», ironizó el vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos.

El Gobierno no descarta solicitar una sexta y última prórroga del estado de alarma a partir del próximo 7 de junio. Si fuera ese caso, Sánchez y su gabinete esperan poder contar entonces con la «responsabilidad» del resto de partidos a pesar de que, desde la oposición, se intenta trasladar la «falsa impresión» –según Montero– de que prorrogar la alarma es competencia solo del Ejecutivo.

Pero en Moncloa temen que el enredo de la reforma laboral haga aún más complicado reunir mayorías suficientes en el Congreso. Recuperar la confianza de PNV y Ciudadanos se antoja clave y el Gobierno ya se ha puesto manos a la obra. Ha empezado a amarcar distacias con EH Bildu, cuyo apoyo fue «puntual» porque el PSOE, según puntualizó Montero, tiene pocos nexos de unión con la izquierda abertzale.