Sánchez o por qué el crédito económico no le alcanza para afianzar la legislatura

Dieciséis años después de que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero tirase en televisión de un recurso retórico –«La economía es un estado de ánimo»– para tratar de alentar al consumo en una España sumida en una profunda crisis financiera, el Gobierno de Pedro Sánchez ha encontrado en los datos macroeconómicos y en una coyuntura radicalmente distinta tras el parón de la pandemia el puntal para sostener una gestión y una legislatura condicionadas por su exigua aritmética parlamentaria en el Congreso.

El Ejecutivo, en busca de una estabilidad política muy trabajosa, con sus socios tironeando a su izquierda y su derecha en agónicas negociaciones y aún sin Presupuestos para 2025 –los primeros de este cuatrienio–, cerró el año bien pertrechado por el flanco económico. Sánchez hizo pivotar sobre éste su balance de 2024 blandiendo como trofeo el reportaje del semanario británico The Economist, que ha situado a España como «la mejor economía del mundo». Razones no le faltan al presidente para felicitarse: el PIB español avanzó en 2024 a una velocidad de crucero frente a la atonía de Alemania, Francia e Italia y cerró el año con el paro más bajo desde 2007.

Esta visión luminosa del Ejecutivo contrasta con la del PP, que cuestiona la traslación real de estas cifras al bolsillo de los ciudadanos. «La macro va bien pero somos el país de la UE con mayor riesgo de pobreza», denunció Alberto Núñez Feijóo en su resumen del año.

A medio camino entre ambas lecturas está el sentir de los españoles, que a nivel sociológico quedó reflejado en el CIS de diciembre con la vivienda, el paro y la crisis económica como los principales problemas manifestados y la mirada crítica de los tres expertos consultados por este periódico, que enfrían el optimismo exacerbado del Ejecutivo en torno a los grandes números. Dos economistas y un politólogo aluden a las reformas estructurales pendientes y achacan esa percepción social negativa a la merma en el poder adquisitivo de las familias por el alza de precios a cuenta de la inflación, cuyo incremento se ha mitigado pero sigue elevado.

Todo mientras el paro sigue bajando –España creó 502.000 puestos de trabajo en 2024 y cerró diciembre con la cifra de paro más baja en 17 años–y las cuentas públicas, aun con la elevada deuda pública que queda por pagar, camino de cuadrarse.

Y aunque en valores absolutos el endeudamiento del conjunto de las administraciones públicas continúa siendo elevado, la ratio sobre el PIB se mantiene por debajo del 110%. Con la excepción de 2020 por la pandemia, la economía española ha experimentado un sólido crecimiento y las previsiones apuntan que se mantendrá en los siguientes. Un ritmo remarcable, del 3% en 2024 y que aportará el 40% del crecimiento económico de la eurozona.

Hay un puñado de factores que ayudan a desentrañar las cifras. La inversión pública se ha visto espoleada en buena medida por los fondos de recuperación europeos –140.000 millones de euros comprometidos (70.000 en subvenciones directas y 70.000 en préstamos)– y la suspensión de las reglas fiscales hasta 2023 han resultado claves junto a la recuperación del turismo –récord de visitantes y gasto en 2024–y la competitividad de los servicios no turísticos y de las manufacturas.

La objetividad frialdad de los números es matizada por Ángel de la Fuente, economista y director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), quien atribuye la buena marcha de la economía española a «factores exógenos». «Todos los gobiernos tienen la tentación de atribuirse lo que va bien, pero no son fruto de una política económica implementada», defiende.

Todo en un escenario que no puede perder de vista el entorno global incierto y hasta dónde llegarán las amenazas proteccionistas de Donald Trump; cómo evolucionarán las guerras en Ucrania y en Oriente Medio y cuál será su repercusión en los precios de la energía y en el transporte internacional; o cuánto se prolongará el estancamiento de Alemania, que juega un papel central en las cadenas globales de valor europeas en las que participa España y cuyo parón puede tener consecuencias sobre nuestras exportaciones.

Pero es al poner la lupa en los datos globales para analizar los relativos en términos per cápita, donde los economistas ponen los peros. Primero, porque aunque el PIB agregado es un buen indicador económico, éste no sirve para medir propiamente la evolución del bienestar y la prosperidad de los ciudadanos.

El modelo productivo español continúa anclado a la incorporación en masa de capital humano, principalmente inmigrante, y no mejora la capacidad de crecimiento de la productividad de cara a los próximos años. «Llevamos veinte años perdiendo terreno en relación a los países a los que nos gustaría parecernos», insiste De la Fuente, apuntando a una reforma en profundidad del sistema educativo, adaptado a las necesidades del aparato productivo –España mantiene una tasa de desempleo juvenil del 27%, a falta de la EPA del cuarto trimestre que se conocerá a final de mes– y un sistema fiscal que no produzca distorsiones.

¿En qué punto se rompe la cadena desde el optimismo de que la economía «va como un cohete», como arguye el Ejecutivo, hasta el recelo con el que los ciudadanos perciben estos datos tal y como recogen las encuestas? En opinión del politólogo Pablo Simón, se ha producido un «cortocircuito» entre el crecimiento del PIB y la crisis de carácter inflacionario que se ha transformado en una «súbita erosión en el poder adquisitivo que ha encarecido la cesta de la compra y el precio de la vivienda y que hace que la gente se siente más pobre hoy que hace un año».

Rosario Gandoy, catedrática de Economía Aplicada, coincide en esta visión. «Resulta difícil trasladar que todo va bien cuando los precios son muy superiores a los que se recuerdan». Y se apoya en la última encuesta de Funcas para constatar el pesimismo de los españoles. Solo un 20% cree que el año 2024 fue bueno en términos económicos, el 50% lo califica de regular y el 30% de malo. Esto, sumado al difícil acceso a la vivienda y la desigualdad de la renta, o que la información económica se consuma en medios de comunicación afines, hacen, en su opinión, que la oposición tenga margen «para tratar de separar la bonanza de la economía de la realidad de las familias y empresas». Precisamente, la brecha entre las buenas cifras macro y la economía familiar ayuda a explicar, en parte, la victoria de Trump en EE UU.

Simón tira de literatura académica para recordar que las crisis se llevan por delante gobiernos, pero no está claro que una situación económica positiva asegure un rédito político. Para el politólogo, que el Gobierno haya perdido el control de la agenda pública y que el PP prefiera hablar de corrupción e inmigración, donde tiene más posibilidades de competir con Vox, tampoco ha ayudado al Ejecutivo. En definitiva, «que la economía marche es condición necesaria, pero no suficiente», resume el experto.

Dentro del halagüeño panorama económico que proyecta el Gobierno y que avalan las cifras macroeconómicas, el agravamiento del problema de acceso a la vivienda emborrona los hitos de los que se jacta Moncloa. Este desafío, asunto nuclear para el electorado de izquierdas, se ha convertido, en palabras del politólogo Pablo Simón, en un «Vietnam para el Gobierno» tras recuperar en esta legislatura el ministerio que eliminó Zapatero en 2010 con el reto de desarrollar la ley aprobada en 2023. «Cualquier política que tenga que ver con la vivienda se enfrenta a infinitos obstáculos que tienen que ver con la fragmentación de las competencias entre las múltiples administraciones y también porque los efectos solo se pueden ver a medio o a largo plazo», señala Simón.

Más de un año después de refrendar la norma, los avances no se han producido y el reto, al que también se enfrentan los países de nuestro entorno, lejos de solucionarse, se ha enquistado. El precio de los pisos no da tregua –subió otro 8,1% en el tercer trimestre de 2024, último dato disponible y su mayor repunte en dos años y medio– y este problema se ha convertido ya en la principal cuita de los españoles, tal y como certificó el último barómetro del CIS.

En este contexto y con el objetivo de recuperar la agenda social que el Gobierno ha perdido por la inestabilidad parlamentaria y las causas por presunta corrupción, Moncloa quiere empezar el año priorizando su actuación en vivienda. A la empresa pública anunciada por Sánchez, pero de la que aún no se conocen los detalles y que rechazan de saque el PP –en el poder en la mayoría de las comunidades con las competencias correspondientes– y Junts, se sumarán nuevos anuncios en un acto este 13 de enero para tratar de atemperar la inquietud que alberga la ciudadanía cuando se le pregunta también por cuáles son los problemas por los que se siente más directamente concernida.

El Ejecutivo de coalición PSOE-Podemos aprobó en la anterior legislatura la primera ley de vivienda en la historia de la democracia. La norma que limita los precios del alquiler y desvincula las subidas de la evolución del IPC fue refrendada tras superar varios escollos a las puertas de las municipales y autonómicas de mayo de 2023.   

A partir de ahí se fracturó la mayoría de la investidura, con EH Bildu respaldando de forma clara la norma y el PNV y Junts denunciando una invasión de competencias que también aprecian en el texto los gobiernos autonómicos del PP en Andalucía, Baleares, Madrid y Galicia. Estas comunidades presentaron sendos recursos ante el Tribunal Constitucional (TC), al igual que los diputados del PP en el Congreso.

La nueva legislación también ha suscitado importantes divisiones a nivel autonómico. La decisión del PNV de acudir a la corte de garantías abrió una fisura con sus socios del PSE en el Gobierno vasco. Cataluña presentó a su vez dos, uno impulsado por la Generalitat y otro por el Parlament. A este último se sumó ERC pese a haber apoyado la ley estatal en las Cortes Generales. El Constitucional ya avaló en mayo el grueso de la ley de Vivienda tras estimar parcialmente la impugnación de Andalucía, la primera que se interpuso. Pero aún tiene otras siete por resolver.

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