Sánchez asume que el próximo Gobierno heredará el desafío secesionista

A los primeros, les ha pedido que entiendan que es irresponsable tratar de sacar réditos electorales con un asunto de esta envergadura. «Es la enfermedad de la 'aznaridad' y ya sabemos que eso nos lleva a una España confrontada consigo misma», ha remarcado. A los segundos, les ha llamado a abandonar sus «prejuicios» hacia lo que han venido llamando el «régimen del 78». «Podemos discrepar en muchas cosas pero esta no es una cuestión ideológica sino prepolítica».

El líder de la oposición ha dejado claro que no piensa en sellar un pacto formal, como el que en su día impulsó José Luis Rodríguez Zapatero para sacar el terrorismo de la contienda electoral, pero ha insistido en que la causa merece dejar a un lado diferencias. «La unidad es entorno a nuestra Constitución. No hace falta firmar nada, no manifiestos ni plataformas, simplemente ejercerla», ha dicho.

Sánchez ha insistido en que en ocasiones él se ha mordido la lengua para no criticar actuaciones del Gobierno frente al secesionismo. Ahora, sin embargo, parece estar en plena sintonía con Mariano Rajoy. Por lo pronto, hoy ha respaldado sin ambages la decisión de no publicar el decreto con los nombramientos de los consejeros propuestos por el nuevo presidente de la Generalitat, Quim Torra. «Es evidente que existe una colisión de derechos -ha admitido- pero en estos casos tenemos que ver cuál es la lectura que hace el juez y el juez ha sido claro».

El dirigente socialista -que ha reunido hoy a su ejecutiva para hablar del escenario catalán- ha argumentado que «quien prolonga el 155 es Torra» al crear una situación de ingobernabilidad con su la designación de cargos que están en prisión preventiva o huidos de la justicia. «La respuesta del Estado social democrático de derecho es cubrir ese vacío», ha alegado.

Sánchez se ha mostrado además muy duro con el presidente autonómico al que ha tachado de «racista» y ha anunciado su intención de impulsar una ley que proteja a los ciudadanos de quienes tengan planteamientos discriminatorios.

En realidad, el PSOE ya registró en el Congreso una proposición de ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación en la que se contemplan sanciones económicas. Ahora, se autoenmendará para que el castigo sea mayor para los cargos públicos. Lo que no está claro es qué tipo de acciones merecerían reproche, pero Sánchez ha matizado que se trataría siempre de actos y se respetará la libertad de expresión.