Sánchez estrena con Casado su ronda en un clima de tensión por la gestión de la pandemia

Que Sánchez dejara el martes en manos de las comunidades autónomas la iniciativa de solicitar al Gobierno la declaración de estado de alarma en sus territorios ha avivado la oposición del PP, que atribuye al jefe del Ejecutivo un intento de «lavarse las manos». «Lo que esperaban los españoles era un presidente y lo que dijo Sánchez es que no va a serlo, que recibirá su nómina pero no va a ejercer las competencias que tiene ni su responsabilidad», censuró en Antena 3 la portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra.

La propuesta del PP pasa desde hace tiempo por emprender reformas legales para articular un paraguas alternativo al estado de alarma que permita tomar medidas restrictivas sin necesidad de recurrir a la situación de excepcionalidad que los populares situaron en el eje de su oposición al Ejecutivo en mayo. En este escenario, el presidente de la Xunta gallega, Alberto Núñez Feijóo, movió este miércoles ficha: «Ante los cinco meses perdidos del Gobierno, en Galicia hemos elaborado un texto de modificación de la Ley Orgánica de Salud como aportación leal de una comunidad preocupada».

Ni él ni los otros dirigentes autonómicos de distinto signo político contemplaron, por ahora, dar el paso y reclamar la declaración de estado de alarma, si bien la consejera de presidencia catalana, Meritxell Budó, anticipó que la Generalitat estudiará el planteamiento cuando se conozcan «todos los detalles» y territorios, incluso críticos, como Castilla y León, gobernado por el PP, anticiparon que no renunciarán a ninguna herramienta «para proteger la salud». Su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, que también ha reclamado otro instrumento, exigió a Sánchez que el Gobierno no se «eche a un lado» y establezca al menos un criterio técnico y común a todas las comunidades en caso de tener que solicitar la declaración excepcional.

Las diferencias no quedaron así asociadas a un partido u otro. Algunos líderes socialistas, como el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, pusieron en valor la oferta de Sánchez y argumentaron que «reforzar la idea de cogobernanza es un ejercicio de profundización del Estado de las Autonomías». Otros, sin embargo, y es el caso del máximo representante de Aragón, Javier Lambán, demandaron al Gobierno «cobertura legal» para que las decisiones que adoptan para controlar la transmisión del virus no estén «al albur» de los jueces. El dirigente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, puntualizó, además, que cualquier declaración del estado de alarma debería ir vinculada a medidas de movilidad entre regiones.

Es en este contexto en el que se producirá la ronda de contactos de Sánchez con los líderes de las principales fuerzas parlamentarias la próxima semana. Casado será el primero y durante el miércoles y el jueves se sucederán las reuniones. El PP garantizó este miércoles la asistencia de su presidente y se preparó para la cita poniendo el foco en su «responsabilidad».

Los acuerdos, sin embargo, no parecen factibles. Sánchez no sólo tiene en mente la pandemia, también la renovación de órganos judiciales. Y en el PP, donde reconocen conversaciones con el Ejecutivo, han situado la presencia de Unidas Podemos en el Consejo de Ministros y su cuestionamiento de la Monarquía como obstáculo para el consenso. Tampoco los Presupuestos de 2021 entran en sus planes.

En ese terreno, el de las cuentas públicas, el Gobierno necesita rearmar una mayoría. Socios de investidura como Esquerra están ahora sometidos a la presión preelectoral en Cataluña. Y la mano tendida a Ciudadanos para ampliar la red de apoyos hace recelar a Unidas Podemos. El encuentro con Inés Arrimadas también figura en la agenda del miércoles que viene. Una oportunidad para sondear opciones.