Sánchez y Casado interfieren en la negociación para renovar el Poder Judicial

Los más optimistas preveían que hubiera fumata blanca a partir de mediados de septiembre, pero las nuevas posiciones de partida del presidente del Gobierno y del líder de la oposición, cuya suma de escaños en el Congreso les permiten negociar los nombramientos sin terceros invitados, hacen pensar lo contrario.

A mediados de julio, el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, recibió la llamada de los negociadores para comunicarle que el diálogo estaba en marcha. Entonces, propuso suspender los nombramientos de cinco cargos discrecionales «por razones de prudencia» previstos para el pleno del 28 de julio. Un movimiento que no contó con la unanimidad de los 20 vocales y que se interpretó como un voto de confianza a la negociación. Sin embargo, algunas asociaciones judiciales criticaron con dureza que el Consejo hiciera «dejación de funciones».

Lesmes supo antes del citado pleno que el PP había renunciado a la modificación del sistema de elecciones del CGPJ para sentarse a hablar con el PSOE. Una condición de máximos que requería un cambio en profundidad de la actual Ley Orgánica del Poder Judicial. El problema para los populares es que no había tiempo (legislativo) material para entregar a los togados la nominación de sus doce representantes, que ahora recae en el Congreso y el Senado.

Lesmes parecía ver la luz al final del túnel para acabar de una vez con la interinidad del actual Consejo, pero tras el 28 de julio poco duró la alegría. Las declaraciones de dirigentes del PP durante las primeras semanas de agosto hacían presagiar nuevos contratiempos. De pedir el cambio en el sistema de elección del CGPJ los populares han pasado a exigir la salida de Podemos del Gobierno. Una formación «que ataca al Poder Judicial», justificó el pasado jueves la nueva portavoz parlamentaria Cuca Gamarra.

Es cierto que la Comisión Permanente del CGPJ ha dado varios toques de atención al partido de Pablo Iglesias por sus críticas a la judicatura, pero en realidad el PP le está diciendo al PSOE que no admitirá en la negociación la cesión de un vocal a Podemos.

En el lado del Gobierno tampoco ha ayudado la estrategia de Moncloa, adelantada el pasado martes por Sánchez. Consiste en meter en el mismo paquete las renovaciones del Consejo, del Defensor del Pueblo, RTVE e incluso los Presupuestos. Un «completo» como si la anormal interinidad del CGPJ fuera una carta más en la partida con el PP.

Así las cosas, la renovación a corto plazo de los 20 vocales, entre jueces y juristas de reconocida competencia, parece poco factible. Y eso que la cuenta es sencilla: once vocales para el PSOE y nueve para el PP. O diez y diez y el presidente, pactado. Mientras tanto, el calendario corre hasta acercarse a los dos años en funciones en diciembre. Todo un récord negativo que superaría los siete años que estuvo el Consejo presidido por Francisco José Hernando entre 2001 y 2008.

Fuentes del actual Consejo admiten que la negociación ha entrado en un terreno tenebroso. El sigilo con el que los dos mediadores, el ministro de Justicia Juan Carlos Campo y el consejero del ramo en la Comunidad de Madrid Enrique López, habían encarrilado los contactos ha sido frustrado por los intereses partidista.

«Estamos en un juego de espejos donde cada uno quiere imponer su relato. No podemos estar pendientes todos los días de lo que dicen unos y otros. Es inasumible, pero también frustrante. Las urgencias del Consejo son muchas. Me conformo con que todo sea un teatrillo y en septiembre tengamos acuerdo, pero ya trabajamos en un plan alternativo por si seguimos en funciones», resume a este periódico un vocal con ascendente en el Consejo.