El PP insiste en que Podemos salga de la negociación para un acuerdo

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, enumeró estas 'líneas rojas' pocos minutos después del anuncio del líder del PSOE en el Congreso. «El presidente del Gobierno ha acusado la presión que hemos conseguido en la Unión Europea, pero debe cumplir estas condiciones», recordó el número dos de los populares. Pues bien, en el centro de la discrepancia, más allá de la pretendida reforma de la ley orgánica para devolver a los jueces la nominación de sus 12 vocales (una norma revocada en 1985), está el papel que juega el socio de Sánchez en el Gobierno, Unidas Podemos.

El PP ha reiterado que no aceptará una cesión del PSOE al partido morado para nombrar a sus vocales. Así lo han advertido en las últimas semanas no solo Pablo Casado, sino también el principal negociador de la formación conservadora, el magistrado Enrique López, consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, la pelota sigue en el tejado del Gobierno, que solo tiene una salida para no perpetuar la bloqueo en el Consejo varios meses más: sacar a Podemos de la ecuación para atraer al PP.

Podría pensarse que el anuncio de Sánchez de que aparcaba la reforma judicial venía precedido de un acuerdo en este sentido con su vicepresidente Iglesias. Pero fuentes del partido morado avanzaron este jueves que no van a renunciar a formar parte de la negociación aunque los socialistas presionen o les oferten algo a cambio (alguna concesión presupuestaria de impacto, por ejemplo).

Así las cosas, el presidente ha metido en un cajón la polémica reforma del sistema de nombramientos del Consejo sin contar con que Podemos rechaza por ahora salir de la negociación. Por lo que cualquier acuerdo con el PP no está ni muchos menos cercano. Dicha propuesta legal del Ejecutivo reduce los tres quintos necesarios en las cámaras parlamentarias para elegir a los 20 vocales, lo que obliga a PSOE y PP a ponerse de acuerdo, a una mayoría absoluta en segunda vuelta, que valdría con los grupos que apoyaron la investidura de Sánchez.

El presidente y su ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, negociador socialista en la renovación del CGPJ, confían no obstante en que un PP más moderado, con sentido de Estado, recapacite y acepte negociar de nuevo tras fracasar el pacto en agosto. Pero en caso de persisitir el bloqueo no tendrán más remedio que reactivar la propuesta legislativa que tanto ha desgastado al Ejecutivo en las última semanas. No solo en España, con asociaciones judiciales y fiscales o salas de gobierno de los tribunales superiores manifestando su abierto rechazo porque supone una mayor politización del Consejo del Poder Judicial, sino también en la Comisión Europea.

El martes el Consejo de Estado sacaba los colores al Gobierno con una carta enviada por el presidente del GRECO (organismo asesor anticorrupción) al ministro Campo. Decía que la letra de la norma podría vulnerar los estándares contra la corrupción al afectar a la independencia del Consejo. De forma previa, la Comisión Europea también mostró su preocupación por esta reforma.