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La defensa de Jordi Sànchez, candidato independentista a presidir la Generalitat catalana en prisión preventiva, ha remitido esta mañana un escrito de apelación ante la Sala Segunda (de lo Penal) del Tribunal Supremo en contra de la negativa del juez Pablo Llarena a que se ... asista a la sesión de investidura en el Parlament, prevista inicialmente para este lunes pero que fue aplazada el viernes por la anoche tras la resolución del instructor de la causa del 'procés'.
En un escrito de ocho páginas, el abogado del expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) ha centrado su apelación en el rechazo del permiso especial para asistir al citado pleno. Una presencia obligatoria para poder ser investido presidente, según ha marcado el Tribunal Constitucional de forma cautelar en el caso del expresidente Carles Puigdemont, huido en Bélgica.
Por este motivo, el abogado Jordi Pina reclama a la sala celeridad para resolver este recurso para que no se conculquen los derechos a la participación política de Sànchez. En concreto, la vulneración de los derechos fundamentales de su persona y de sus votantes, el ordenamiento constitucional, el pluralismo político, la autonomía política de Cataluña o la división de poderes que supone la denegación del permiso solicitado, según señala el recurso.
La defensa se queja de que la privación de Sànchez de defender su candidatura comporta "la evidente imposición de un castigo anticipado, pues se le está incapacitando de facto para el ejercicio de un cargo público sin haber sido declarado culpable de ningún delito".
La crítica del abogado también se extiende a las menciones "de oportunidad política" que hizo el juez Llarena en su auto del viernes, "totalmente impropias de un sistema en el que rige la división de poderes". En concreto, cuando señaló que la candidatura de Junts per Catalunya (JxCAT) "presenta otros integrantes" a diferencia de Sànchez que no están investigados.
El letrado critica, además, que el magistrado haga referencia al riesgo de reiteración delictiva cuando se trata de "puras intuiciones personales", ya que si el investigado en prisión desde octubre acude al Parlament le ampara la inviolabilidad reconocida constitucional y estatutariamente a los parlamentarios. Una circunstancia que el juez Llarena se pasa por alto, asegura el escrito.
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