Sánchez alega que los indultos dejarán atrás un pasado que no «enorgullece» a nadie

Con su mensaje, lanzado durante una comparecencia junto al primer ministro de Polonia, Mateusz Moraviecki, tras la cumbre que ambos países celebraron en Alcalá de Henares, el jefe del Ejecutivo volvió a una posición que como secretario general del PSOE ha ocupado de manera intermitente en los últimos años; una suerte de equidistancia, según la cual las culpas del 'procés' estarían repartidas entre la derecha y los independentistas a partes iguales. «A quien le hicieron un 1 de octubre no fue a este Gobierno progresista sino a uno del PP», le espetó en el pleno de la pasada semana a Pablo Casado.

Sánchez llega a este debate con un pecado original que lastra su actual discurso: se presentó a las elecciones generales prometiendo que garantizaría el cumplimiento íntegro de las penas impuestas a los doce líderes secesionistas juzgados por el Tribunal Supremo y blandiendo una propuesta de reforma del Código Penal para castigar la celebración de referendos prohibidos. Para tratar de sortear la contradicción, este lunes apeló a su investidura, tras una dura negociación con Esquerra. «Dije –recordó– que teníamos que recomenzar; volver a ese punto en el que ambas partes nos dejamos de escuchar y dejamos de entender los argumentos y las razones del otro».

Los socialistas esperan que la insistencia en un relato que habla de la necesidad de ser «valiente» para resolver un problema que se remonta a varias décadas o de la obligación de buscar la «concordia» y la «convivencia» calen hasta revertir siquiera en parte el rechazo que fuera de Cataluña despierta el paso que disponen a dar. Según distintos sondeos publicados en los últimos meses, incluso entre sus votantes se acercaría al 60%.

Lo que está ya claro es que a pesar de que siguen surgiendo voces críticas con su posición en el viejo PSOE –el último, el expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra que este lunes pidió una consulta a la militancia– el presidente no tiene la más mínima intención de dar marcha atrás. «Ayudar a resolver problemas no representa un coste –adujo en clave interna–. El coste para el país sería dejar las cosas tal y como están, enquistadas en 2017; no se lo merece ni Cataluña ni el conjunto del país«.

Los indultos son, dentro de ese esquema, tan solo una pieza más. Sánchez confirmó que mantiene la intención, anunciada en su primera entrevista ya como presidente, de reformar el Código Penal, pero no para castigar las consultas ilegales o para que acontecimientos como los del 2017 puedan ser tipificados como rebelión (como defendía cuando estaba en la oposición) sino para rebajar las penas atribuidas al delito de sedición por el que fueron condenados nueve de los doce juzgados por el alto tribunal.

Aunque ya no necesitarán esa medida para poder salir de prisión anticipadamente si son indultados, la modificación sí puede afectar en el futuro a Carles Puigdemont y, en todo caso, atiende el planteamiento, rebatido por el Supremo y alegado por los peticionarios de la medida de gracia, de que las penas actuales no son proporcionadas. Que el jefe del Ejecutivo se reafirmara en la reforma tiene además su importancia porque fuentes gubernamentales venían admitiendo que, a pesar de estar prácticamente redactada, la propuesta del ministro de Justicia permanecía en un cajón por temor de a que los secesionistas la rechazaran.

Sánchez también reiteró su disposición a reunir la mesa de diálogo sobre el futuro de Cataluña con la Generalitat, una de las condiciones de ERC para facilitar su investidura, pero solo después de celebrar su primer encuentro protocolario en la Moncloa con el flamante 'president', Pere Aragonès.