ERC salva 'in extremis' al Gobierno de un revés con la ley de vivienda

La amenaza, que la formación independentista mantuvo hasta bien entrada la mañana, con el debate parlamentario ya en marcha, y a pocas horas de que los diputados emitieran su voto, resultaba relativamente verosímil. No habría sido la primera vez que Esquerra se desmarca del Ejecutivo. Lo hizo en votaciones clave del estado de alarma, en plena pandemia, y más recientemente, en la aprobación de la reforma laboral pilotada por la vicepresidenta Yolanda Díaz. En esta ocasión, los republicanos exigían un compromiso por escrito de que en el trámite de enmiendas parciales se modificará el texto de modo que respete las competencias exclusivas de la Generalitat.

Esquerra había mostrado previamente su satisfacción con algunos aspectos de la controvertida norma, que no en vano, está en sintonía con otra aprobada por el Gobierno catalán (y tumbada parcialmente por el Tribunal Constitucional). Pero el hecho de que formaciones como el PNV, Junts per Catalunya o el PdeCAT se opusieran a ella, no solo con el argumento de que colisiona con el derecho a la propiedad privada sino con el de que, además, también invade el marco competencial de las autonomías, como remarcó el Consejo General del Poder Judicial en su informe preceptivo del pasado enero, obligó a los republicanos a escenificar un pulso con el Ejecutivo.

En la tribuna, después de que la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, lanzara un guiño asegurando que, vista la enmienda de los independentistas catalanes, es más lo que une que lo que separa a ambos partidos en esta materia y que se respetará el marco competencial tanto de Cataluña como del resto de comunidades, la diputada Pilar Vallugera anunció su luz verde a la discusión parlamentaria del ambicioso proyecto. No obstante, avisó de que eso no compromete su apoyo futuro.

Sin el consentimiento de ERC, la iniciativa –que, por ejemplo, obligará a que las nuevas promociones de obra nueva cuenten con una reserva del 30% de viviendas destinadas al parque público y permitirá a los ayuntamientos imponer un recargo del 150% del IBI sobre viviendas vacías de propietarios con más de cuatro inmuebles– habría decaído por el rechazo frontal tanto del PP, Cs y Vox como del PNV, el PDeCAT y JxCAT.

La CUP y el BNG optaron este jueves por la abstención frente a las enmiendas de devolución. Más País, Compromís, EH-Bildu, Teruel Existe, Nueva Canarias, Foro Asturias y la propia Esquerra, ayudaron a PSOE y UP, en cambio a superarlas por 174 contra 161.