Marlaska agrava la crisis en la cúpula de la Guardia Civil tras apartar a su 'número tres'

En cierto modo, el general Santafé, nacido en Bétera (Valencia) en 1956 -por ello se iba a jubilar en 2021-, se quedó descolgado el martes de la renovación que está llevando a cabo Grande-Marlaska en los puestos directivos de la Guardia Civil. Tras la dimisión de Ceña, ya jubilado y que hubiera colgado el uniforme el 2 de junio próximo, Santafé era por escalafón y orden natural quien tenía que haber ocupado el puesto de Director Adjunto Operativo. Pero el ministro no contaba con él y nombró en su lugar al general Pablo Salas, jefe de Información.

Fuentes de Interior explicaron que ahora se le ha ofrecido a Santafé otro puesto dentro del cuerpo hasta su jubilación y que éste lo ha aceptado. No obstante, Grande-Marlaska no dio pistas este miércoles en el Congreso de esta decisión, ni tampoco lo hizo el martes en su comparecencia en Moncloa, pese a que sí respondió a las salidas de los dos oficiales a raíz del informe presentado por la Guardia Civil en la causa que investiga la autorización de decenas de actos y manifestaciones en la Comunidad de Madrid, entre el 5 y el 14 de marzo, en medio de la propagación del coronavirus.

Y es que el Gobierno teme, y realmente mucho, que este procedimiento abierto por un juzgado ordinario de Madrid acabe desmontando su relato sobre el comienzo de la gestión de la crisis sanitaria. Una vez que la normalidad del país se va acercando con la evolución de la desescalada, en el núcleo del Ejecutivo preocupa sobremanera el devenir de esta causa contra el delegado del Gobierno, José Manuel Franco, por presunta prevaricación.

No solo inquieta por el futuro procesal del que también es secretario general de los socialistas madrileños y cercano al presidente Pedro Sánchez, sino porque el avance de la investigación podría ensombrecer una de sus grandes bazas ideológicas: la defensa del femenismo, representada en la calle por las manifestaciones del 8 de marzo, Día de la Mujer.

Desde el inicio de la crisis sanitaria, a la oposición no le han dolido prendas a la hora de mancillar la celebración del 8-M. Pero con la apertura de esta causa tras la denuncia de un particular, el abogado Víctor Valladares, ahora se ha lanzado directamente sobre los inquilinos de la Moncloa, acusándoles de jugar entonces con la salud de los ciudadanos por cuestiones meramente ideológicas.

Pero a este continente político le faltaba contenido para seguir manteniendo la tensión. Y el cese el lunes de Pérez de los Cobos, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid y a cuya unidad está adscrita la Policía Judicial que dirige las pesquisas judiciales, ha dado munición a la bancada de la derecha. Una oposición que ya ha puesto en el punto de mira, más si cabe, a Grande-Marlaska tras la cascada de movimientos en el cuerpo.

En suma, la bola del 8-M ha engordado varios kilos y el Gobierno ha visto cómo se le abría otro frente, más allá del judicial y la pesada gestión de la pandemia, con la reacción de los mandos uniformados y sus críticas a la injerencia política en la causa.

Antes del polémico informe de la Policía Judicial que señala la responsabilidad del Ministerio de Sanidad en la autorización de estos eventos, y que a la postre originó el cese de Pérez de los Cobos, nuevo mártir para la oposición, la respuesta de la Abogacía del Estado a la apertura de esta causa deja bien claro la importancia que le da el Gobierno.

En un recurso presentado en abril, los servicios jurídicos dependientes de Justicia cargaron contra la juez Rodríguez-Medel, a la que acusaron de abrir una «causa general» y «prospectiva» contra el Gobierno por la gestión de la crisis sanitaria. Y añadían que vulnera el estado de alarma por impulsarla sin haber urgencia.