El Gobierno abre la puerta a llevar ante el Constitucional a las comunidades insumisas

La ministra no concretó cuál será ese margen de tiempo que se dará a los territorios para que hagan cumplir el decreto-ley, que obliga, por ejemplo, a apagar la luz de edificios públicos por la noche o que limita la climatización de los establecimientos. Pero sí advirtió que, de no aplicarse, no esperararán «semanas o meses» para intervenir.

En cualquier caso, Ribera se mostró segura de que las regiones y los ciudadanos pondrán todo de su parte para cumplir el plan de ahorro energético e incidió en que lo que ya trasladó a los consejeros durante la reunión sectorial de este lunes, que las medidas no tienen un carácter «coercitivo» sino que persiguen un efecto «ejemplarizante». «Lo que tenemos que hacer –dijo– es favorecer y vigilar el cumplimiento, no sancionar inmediatamente».

La vicepresidenta tercera lamentó que en esa cita con las comunidades no se plantease ninguna propuesta ni ninguna duda por parte de los consejeros. «Lo que había era una voluntad clara de imponer la retirada», señaló Ribera. Pero ni las críticas de País Vasco y Cataluña, así como de las regiones gobernadas por el PP por cocinar el decreto a sus espaldas ni el recurso ante el Constitucional anunciado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, han servido para que el Ejecutivo contemple dar marcha atrás. «En ningún caso se invaden competencias», señaló, por su parte, la ministra de Justicia, Pilar Llop, que insistió en que la norma es «suficientemente flexible» para poder buscar todos los mecanismos que permita su aplicación.

Desde el Gobierno afearon a Ayuso que se enrocara en el «no me gusta» y en «no estamos dispuestos a apagar Madrid» cuando «nadie había pedido apagar Madrid». Insisten en que el decreto está bien armado pese a que el PP lo tilde de «chapuza» jurídica e ironizan con el «trabajo» que van a tener los abogados de la Puerta del Sol «para poner de pie toda la colección de mentiras que se han dicho y convertirlo en un escrito que no haga enrojecer a la Presidencia de la Comunidad de Madrid».

El Gobierno de Ayuso plantea diez posibles puntos en los que consideran que el decreto tienendefectos desde el punto de vista constitucional, que van desde la colisión con la libertad de horarios comerciales a una obligatoriedad que «no recoge la norma europea» o la «defectuosa» configuración del régimen sancionador.