El Rey preside hoy la apertura del año judicial con la amnistía al 'procés' bajo el foco

Con este contexto se celebra hoy en el Tribunal Supremo el solemne acto de apertura del año judicial, presidido por el Rey Felipe VI. En esta ocasión, el discurso principal correrá a cargo del presidente interino del alto tribunal, Francisco Marín Castán, sustituto del dimitido Carlos Lesmes en octubre de 2022.

De Marín Castán se espera una defensa del principio de legalidad y de la máxima potestad jurisdiccional, que consiste en juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en pleno debate sobre una posible amnistía a los acusados por el 'procés'. Junto al magistrado intervendrá el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien el pasado año no pudo acudir a presentar la memoria del Ministerio Público por enfermedad.

La presencia de Marín Castán no ha estado exenta de polémica. La salida de Lesmes después de su incendiario anuncio hace un año, en este mismo acto, de que dimitiría si PSOE y PP no se ponían de acuerdo para renovar el CGPJ provocó una bicefalia en el Poder Judicial. Los vocales del Consejo se negaron a aceptar al magistrado del Supremo, entonces vicepresidente interino, como jefe del gobierno de los jueces, por lo que entronizaron al vocal Rafael Mozo como nuevo líder.

Desde entonces, un cargo que debe desempeñar la misma persona se ha desdoblado y Marín Castán ha venido ejerciendo las funciones de presidente del Supremo, mientras que Mozo actuó en calidad de presidente suplente del CGPJ por ser su vocal de mayor edad hasta su jubilación, el pasado 19 de julio. Esta circunstancia abrió una nueva crisis en el Consejo, suscitada por el debate sobre la «dedicación exclusiva» de su sustituto, el vocal Vicente Guilarte, que compaginaba su presencia en el órgano con sus trabajos como profesor en Valladolid y abogado antes de renunciar por fuerza de mayor.

En el Consejo confiaban incluso en que fuera Guilarte quien diera este jueves el discurso, pero el hecho de que esta tarea haya recaído en Marín Castán -el Supremo es quien organiza el solemne acto- podría abrir otro frente en esta degradación institucional.

Durante los últimos cuatro años el discurso recayó en la necesidad de renovar el órgano de gobierno de los jueces. Año tras año, Lesmes subió el tono de su intervención y envió mensajes cada vez más contundentes a los grupos parlamentarios responsables de llegar a un acuerdo para elegir a los vocales del CGPJ, que en diciembre cumplirá cinco años en funciones, un mandato natural completo, y que tiene pocos visos de renovarse por la inestabilidad política existente y la distancia entre PSOE y PP. En este tiempo extra, el Consejo ha pasado de contar con 20 vocales y un presidente a tener solo 16, incluido su presidente interino.

Al otro lado de la calle Marqués de la Ensenada de Madrid, el Supremo continúa aumentando sus tiempos de respuesta por las vacantes acumuladas. Según un informe del gabinete técnico, solo con las bajas en dos de sus salas se dictarán este año 1.230 sentencias menos, 570 en Contencioso y 660 en Social.

Entre los asuntos que tiene pendiente resolver destacan la reactivación de las euroórdenes contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y su exconsejero Toni Comín. El juez instructor del 'procés', Pablo Llarena, ya advirtió el pasado julio que no resolverá al respecto hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie sobre las eventuales medidas cautelares que ambos procesados pueden presentar para ver restablecida provisionalmente su inmunidad parlamentaria.

En paralelo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo se deberá pronunciar sobre la idoneidad de los indultos parciales concedidos por el Gobierno al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras en 2021 y el resto de condenados por el 'procés'.

Una decisión que ya entonces la Sala de lo Penal que les juzgó, presidida por Manuel Marchena, se opuso con dureza. Alegó que no se daban las razones de justicia, equidad y utilidad pública porque no había «la más mínima prueba o el más débil indicio de arrepentimiento» y se pretende que el Gobierno corrija la sentencia. Conceder el indulto, concluyó, sería «una solución inaceptable para la anticipada extinción de la responsabilidad penal».