El reto de legislar sobre violencia intrafamiliar sin que sea un paso atrás frente al machismo

El próximo quizás llegue en Andalucía, siguiente en acudir a las urnas; y precisamente la comunidad en la que Vox se estrenó en un parlamento autonómico y arrancó los primeros compromisos en esta materia. En 2019, a cambio de sus votos para la investidura y luego para los Presupuestos, el Gobierno de PP y Ciudadanos tuvo que poner en marcha un teléfono de atención a víctimas de violencia intrafamiliar. La iniciativa, que en su primer año de vida recibió una media de dos llamadas al día, se limitó a casos de agresiones de hijos a padres y no tuvo continuidad en el plano normativo con una ley 'ad hoc'.

En su página web, la Junta de Andalucía describe la violencia intrafamiliar como la «ejercida en el ámbito doméstico por parte de uno de los miembros contra otro, contra algunos de los demás o contra todos ellos». Incluye los ataques a mujeres, hombres, menores y ancianos. La violencia de género la define como «toda conducta que atenta contra la dignidad e integridad física y moral de las mujeres por el hecho de serlo».

Ahora el Ejecutivo de Mañueco, que por primera vez incorpora a un vicepresidente y tres consejeros de Vox, se enfrenta al difícil reto de legislar sobre algo que no tiene precedentes, al menos con esa nomenclatura. El recién investido presidente de Castilla y León defiende que una norma será compatible con la otra, que no quedará derogada. Sin embargo, asociaciones feministas y también el Gobierno central auguran que supondrá un paso atrás en la lucha contra la devastación que provoca la violencia de género. «Hablar de violencia intrafamiliar pone en peligro los derechos de las mujeres», advertía este martes la ministra de Justicia, Pilar Llop.