La república imaginaria de Puigdemont

Especialmente Carles Puigdemont y la formación que dirige, Junts, que alimentan la idea de que el mandato del 1-O está en vigor y que la república catalana, que solo duró ocho segundos el 10 de octubre de hace cuatro años, puede reactivarse en cualquier momento, como si solo hubiera que pulsar un botón.

En este contexto se sitúan, y en el de la pugna entre partidos independentistas, las primeras elecciones para la asamblea de representantes del Consejo para la República, en las que estaban llamados a votar, entre el viernes y este domingo, 87.830 independentistas catalanes.

Finalmente, participó solo el 26% del censo, que como se esperaba permitió un nuevo baño de masas a Puigdemont, quien vende que su vuelta a Cataluña como hombre libre (con el aval de la justicia europea) está cerca y que en cuanto ocurra regresará como presidente para levantar la suspensión de la declaración de independencia hacerla efectiva.

La asamblea de representantes es una especie de parlamento en el exilio, que debe actuar en paralelo a la Cámara catalana. Este foro, ajeno al entramado institucional catalán, tiene como función elegir al presidente del Consejo para la República, presidencia que hasta ahora recae en Carles Puigdemont, instalado desde hace cuatro años en Waterloo, en lo que él llama la 'casa de la República', desde donde trata de mantener el liderazgo del independentismo, aunque Esquerra, que ha virado a posiciones más pragmáticas, no se lo permite.

«Seguimos construyendo la institucionalidad paralela para hacer efectiva la independencia», afirman sus impulsores. Un entramado institucional, señalan, que no está sometido a la legalidad española y es libre del control español. «No nos pueden aplicar el 155», señalan. La lógica de la institucionalidad republicana en el exilio se autoasigna la tarea de mantener vivo el mandato del 1-O y que no se apague la chispa del 'procés', aunque sea una iniciativa partidista y sin ningún reconocimiento más allá de Junts, mientras que al Parlamento catalán –al de verdad– le atribuyen las tareas de la gestión autonómica.

El Consejo para la República se divide en dos patas: el que vendría a ser un Govern catalán en el exilio y un Parlamento ajeno a la Cámara autonómica. Puigdemont huyó de la justicia española, pero se presenta como un exiliado. Una condición que se la reconocen –al menos retóricamente– en el soberanismo y hasta Pablo Iglesias.

El expresidente fue ayer el dirigente que más votos obtuvo en las elecciones a la asamblea de representantes. Poca sorpresa en unos comicios convocados a mayor gloria del dirigente nacionalista y en los que no han participado cargos relevantes de ERC ni de la CUP. Puigdemont ha querido presentarlo con toda la pomposidad y apariencia de oficialidad, ya que la convocatoria electoral fue anunciada por un supuesto decreto, publicado en el «boletín oficial del Consejo para la República». Ayer, hasta organizaron noche electoral, como cualquier cita con las urnas, con recuento en directo, gráficos y conexiones en directo. Se vendió como un ejercicio de democracia directa y avanzada tecnológicamente, aunque tardaron en dar los resultados.

Puigdemont obtuvo 21.000 votos. Se impuso a Clara Ponsatí, a Tono Comín y a Laura Borràs, que ni siquiera quedó en segundo lugar. Tenía un cierto morbo comprobar las fuerzas en el seno de Junts, entre los dos pesos pesados del partido, los dos dirigentes que libran una guerra por hacerse con el control de la antigua Convergència.

Concurrían 525 candidatos, entre otros, Clara Ponsatí, Toni Comín, Lluís Puig y Pilar Calvo. Este hemiciclo figurado tendrá 121 'escaños', 81 de ciudadanos anónimos y 40 de cargos electos. Casi la totalidad son de la órbita de Junts.

Ni ERC ni la CUP compran este proyecto. El Consejo para la República, según lo califican en ERC en privado, es el «chiringuito» de Puigdemont y esta entidad privada, sufragada con la cuota de 100.000 socios, a punto estuvo de hacer saltar por los aires la investidura de Pere Aragonès.

El expresidente, al menos así lo trasladaban en ERC, pretendía tutelar al Govern, como hizo con Quim Torra, desde Bruselas. Aragonès se negó en rotundo, aunque ha tenido que pagar algunos peajes, como viajar a Waterloo al poco de su investidura o arropar al de Junts en Cerdeña cuando fue detenido por la policía italiana.