Recelos ante el plan del PP para eliminar el anonimato en las redes

El PP anunció ayer que impulsará un diálogo con los demás grupos para estudiar este asunto tras la denuncia presentada por la diputada Alicia Sánchez-Camacho contra un usuario de Twitter que le deseó en un mensaje que la encontrara La Manada, en alusión al grupo de jóvenes acusados de una violación en Pamplona.

Los populares quieren analizar con el resto de fuerzas políticas si lo que recoge el ordenamiento actual es suficiente para combatir las amenazas, insultos y otras manifestaciones, especialmente en lo referentes a las cuentas anónimas en las redes que, según ellos, deberían tener una "identidad clara" detrás, para poder perseguir a los responsables de cualquier tipo de comportamiento delictivo.

Y si bien todos los grupos condenan rotundamente y sin paliativos el acoso y los insultos en las redes, especialmente cuando se trata de ataques sexistas como el protagonizado contra Sánchez-Camacho, no se puede decir lo mismo a la hora de abordar legalmente esta cuestión que se cuela en la frontera entre seguridad y libertad de expresión.

Ciudadanos sí ha recogido ya el guante de los populares porque entienden que hay comentarios que "no se pueden admitir". "Hay que guardar un equilibrio entre seguridad y libertad de expresión", subraya el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, quien añade que, aunque se pueden estudiar nuevas medidas para evitar el acoso y los insultos en las redes, lo que también hay que hacer es aplicar las leyes que ya existen.

Del mismo lado se sitúa el PDeCAT quien a través de Jordi Xuclá considera "bueno" que se abra un debate para evitar difamaciones y calumnias en las redes sociales.

Con más prudencia se manifiestan los socialistas, que consideran que "legislar en caliente nunca ha traído buenos textos normativos", sobre todo cuando "se habla de afectar derechos fundamentales como puede ser la libertad de expresión". El portavoz de Justicia, Juan Carlos Campo, cree que "no se pueden permitir conductas delictivas utilizando redes sociales" pero lo que "tampoco se puede hacer es legislar desde la emotividad", por lo que aboga por un "análisis sereno" para analizar los tipos penales que están afectados y "buscar si es necesario un detalle de mejora la legislación".

Más escéptico se muestra el portavoz de Justicia de Unidos Podemos, Jaume Moya, quien asegura que los populares pretenden instrumentalizar esta situación para "aplicar el espíritu de la Ley Mordaza en las redes". "No nos van a encontrar de su lado", agrega. El diputado tacha de "inadmisibles" los insultos y ataques de odio y sexistas en las redes aunque rechaza el "populismo punitivo" del PP habida cuenta de que el ordenamiento jurídico "sí dispone de instrumentos para castigar estas conductas".

En la misma línea, la portavoz de Justicia de ERC, Esther Capella, afirma a Efe que "ya existen en el Código Penal elementos y tipos penales que pueden encajar este tipo de conductas", aunque para ello "habría que dotar a la Fiscalía de medios suficientes para perseguir los delitos de odio", no solo en las redes, sino en medios de comunicación, instalaciones deportivas y transportes. Ahora bien, rechaza el diálogo con los populares porque entiende que son "propuestas de cara a la galería" basadas en un "populismo punitivo" y en "su obsesión por controlarlo" todo aunque "eso conlleve una restricción de los derechos y libertades"