La Constitución impide convocar elecciones ahora

Los letrados del Congreso apuntan en una interpretación jurídica del artículo 115 que «la prohibición de proponer la disolución debe entenderse referida a toda la tramitación de las mociones de censura, desde su depósito hasta su votación».

Y ello porque entienden que esta limitación recogida en la ley fundamental del Estado trata de «salir al paso de usos que pudieron estar vigentes durante el parlamentarismo decimonónico y evitar que el Gobierno se pueda sustraer a la exigencia de responsabilidad política a través de la moción de censura».

Por ello, interpretan que, «presentada una de estas mociones», el Ejecutivo «no podrá evitar su debate y votación mediante el recurso a la disolución de las Cámaras».

En consecuencia, una vez celebrado el debate, si la moción resulta aprobada, el candidato «se entenderá investido de la confianza de la Cámara» y el Rey le nombrará presidente del Gobierno, de acuerdo con el artículo 114.2 de la Constitución.

La potestad de Rajoy para disolver el Gobierno y convocar elecciones solo se recobrará si la moción es desechada.