Puigdemont pide la recusación de dos miembros del Tribunal Constitucional

El dirigente nacionalista, así como también los exconsejeros Clara Ponsatí, Lluís Puig y Toni Comín, piden que Arnaldo y Espejel sean apartados de los numerosos recursos que están pendientes en el Constitucional prepresentados por los dirigentes independentistas. La defensa de los soberanistas establece como argumento para justificar que estos magistrados, que tomaron posesión de sus cargos hace dos semanas, se inhiban de los casos que les afectan a los nacionalistas en que carecen de la «imprescindible imparcialidad». Según los abogados de Puigdemont, esta parcialidad se explica en que están estrechamente ligados al PP y a lo largo de su carrera han realizado manifestaciones contrarias al independentismo.

Así, los independentistas incluyen en su escrito que Arnaldo firmó un manifiesto que pedía que «cayera todo el peso de la ley» sobre los líderes del 1-O y que tildó de «enfermos del sectarismo» a quienes discreparan de la decisión del entonces fiscal general del Estado de interponer una querella criminal por el delito de rebelión contra los dirigentes que impulsaron el referéndum ilegal. De Espejel, destacan su «estrecha relación con el Partido Popular» y que tuviera el apelativo de «querida Concha», que le dedicó la entonces secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal.

La defensa de Puigdemont ya logró que los magistrados Antonio Narváez y Cándido Conde-Pumpido fueran apartados de los recursos presentados contra la sentencia del 'procés'.

La petición de la recusación de Arnaldo y Espejel por parte de los dirigentes de Junts llega un día después de que los líderes de ERC, Oriol Junqueras, Raül Romeva y Dolors Bassa, indultados hace medio año por el Gobierno, presentaran un escrito de recusación similar contra estos dos nuevos magistrados. Junqueras, ademá, reclamó este viernes al Constitucional que suspenda la sentencia que le condena a una pena de inhabilitación de 13 años para ejercer cargos públicos, pues considera que sus derechos políticos han sufrido un «daño irreparable».