Puigdemont ignora su cese y llama a la resistencia

Ni el Govern ni los partidos soberanistas quisieron valorar el viernes la decisión de Mariano Rajoy. «Calma» fue la consigna. Pero Puigdemont tuvo que salir ayer a dar una explicación a un independentismo desconcertado. En un mensaje emitido por TV3 grabado en Girona y no, como es habitual, en el Palau de la Generalitat, evitó aclarar el futuro más inmediato, aunque dio alguna pista. De entrada, mostró su «voluntad de continuar trabajando para cumplir los mandatos democráticos» del referéndum del 1 de octubre.

La Cámara catalana, con el apoyo del 51% de sus diputados, declaró el viernes la independencia e instó al Ejecutivo autonómico a iniciar el proceso constituyente y a hacer efectiva la secesión. Esa es la tarea que tiene el soberanismo por delante si es que apuesta, como parece, por ir hasta el final, a pesar de que desde el punto de vista legal ya no tiene el poder. Aunque sí lo tiene a ojos de los soberanistas, que solo aceptan la legalidad que emana de la recién proclamada república, que no ha reconocido nadie hasta la fecha.

Por ello, Puigdemont ignoró que ya no es president y firmó su declaración institucional como si estuviera al frente de la Generalitat, informó de su intervención desde la Oficina de Comunicación de la Consejería de la Presidencia, membrete oficial incluido, y compareció desde las escaleras de la Delegación de la Generalitat en Girona.

El desafío podía haber sido mayor, pero el destituido jefe del Ejecutivo catalán evitó grabar su discurso en el Palau de la Generalitat, en la plaza de Sant Jaume de Barcelona, porque podría haber incurrido en un delito de usurpación de funciones, que se añadiría al de rebelión y/o sedición, cuya querella ultima la Fiscalía para mañana. «Son los parlamentos los que eligen o cesan a los presidentes», afirmó en su discurso.

Puigdemont podría instalarse en la desobediencia, a pesar de que piezas clave de su Ejecutivo, como el director general de los Mossos o el mayor del cuerpo policial, hayan acatado a las primeras de cambio su despido. Sus consejeros ratificaron las intenciones de su jefe. Oriol Junqueras, hasta el viernes vicepresidente, Toni Comín, exconsejero de Salud, y Josep Rull, de Territorio, también expresaron su voluntad de continuar en el cargo.

El escenario que plantea Puigdemont está cargado de incertidumbres. El expresident pretende hacer efectiva la independencia, cuyos primeros pasos serían poner en marcha el proceso constituyente y tomar el control del territorio, con la dificultad añadida de que ha perdido el control sobre los Mossos.

«La mejor manera para defender las conquistas alcanzadas -subrayó- es la oposición democrática a la aplicación del artículo 155», y «debemos hacerlo sin abandonar nunca una conducta cívica y pacífica». Los exconsejeros tratarán de regresar mañana a sus despachos como si fuera un día normal y será el momento para ver en qué términos se plantea este nuevo pulso con el Gobierno de Rajoy.

El destituido gabinete de Puigdemont tenía previsto reunirse sin luz ni taquígrafos y no se descartaba que convocara unas elecciones «constituyentes» para finales de año en respuesta a las del 21-D, pero el expresident no hizo mención alguna a esos comicios ni a las autonómicas convocadas por Rajoy ni a otras alternativas. Es un tema aún verde, que las fuerzas secesionistas empezarán a encarar mañana en las reuniones de sus órganos de dirección, pero ya existe un duro debate interno sobre si dan legitimidad o no a la cita electoral del 21-D.

Tendrán que elegir entre dos opciones. La primera, acudir a unas elecciones de un Estado que no reconocen, y por tanto asumir que la DUI es más simbólica que real. Ello supondría el fin de la república. Pero si las boicotean, como podría hacer la CUP -que ya ha propuesto celebrar una «gran paellada» el 21 de diciembre-, dejarán el control absoluto de la Cámara para varios años a los grupos constitucionalistas.

El líder de Podemos en Cataluña, Albano Dante Fachín, advirtió ayer que sería «una traición al espíritu del 1 de octubre» presentarse a los comicios del 21-D «si no hay una estrategia conjunta que esté a la altura de lo que ha hecho la gente en la calle».

Más complejo es el panorama para el PDeCAT y ERC, dos formaciones con representación parlamentaria regional desde 1980. En el caso de los neoconvergentes, las elecciones pueden incluso traer una nueva ruptura de los conservadores entre los miembros más moderados que recelaban de la DUI y los que optan por no mirar atrás en la hoja de ruta independentista.

En los comicios del 27 de septiembre de 2015, con 5,5 millones de personas llamadas a votar, los secesionistas consideraron que tenían un mandato para romper con España al lograr un 47% de los votos, reuniendo mayoría absoluta en el Parlament al sumar los 62 escaños de Junts pel Sí a los 10 de la CUP, en una Cámara de 135 diputados. La disolución ahora del Parlament tiene, además, un efecto colateral por la pérdida de aforamiento de sus diputados, lo que abre la puerta a actuaciones de la justicia.