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Cristian Reino
Barcelona
Lunes, 16 de octubre 2023, 16:54
El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha llamado este lunes a tomar todas las «precauciones posibles» en el proceso negociador para la investidura de Pedro Sánchez. A su juicio, lo que denomina los «poderes profundos» del Estado «convierten los acuerdos políticos en papel de ... fumar». Y ha puesto como ejemplo el caso de Lluís Companys, que fue amnistiado durante la Segunda República y fusilado durante el franquismo, aunque el líder de Junts haya pasado por alto la diferencia entre un Gobierno democrático como el de la República y un tribunal de un Estado dictatorial como el franquista. «Si se conocieran (y reconocieran) de verdad las raíces del conflicto político entre Cataluña y España, las cosas se explicarían de otra manera. España amnistió al presidente Companys, sí. Pero cuatro años y medio después, España le fusiló», ha advertido en Twitter. Horas antes, el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha recordado el caso de Companys, amnistiado por el Gobierno de Azaña.
«El problema está en el corazón del Estado», ha avisado. «Son los poderes profundos que convierten los esfuerzos y acuerdos políticos en papel de fumar. Por eso es necesario tomar todas las precauciones posibles, siempre», ha señalado en Twiter, desde donde marca las negociaciones con los socialistas y envía mensajes. Aviso sobre un posible pacto con los socialistas para la investidura. Puigdemont ha exhibido su desconfianza hacia los negociadores socialistas y hacia el Estado español. Advierte de la necesidad de que lo que se pacte, en relación a la amnistía, sea irreversible. Y da a entender, que lo que le está proponiendo el PSOE en relación a la ley de amnistía no acaba de agradarle.
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Días atrás, el exconsejero de Salud y eurodiputado de JxCat, Antoni Comín, afirmó que «es muy importante garantizar la constitucionalidad de la ley de amnistía», para que pueda «pasar el filtro» del Tribunal Constitucional (TC). Puigdemont va más allá y sitúa su desconfianza en el conjunto de los estamentos del Estado. El Tribunal Supremo podría plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante una hipotética ley de amnistía e incluso podría pedir la suspensión provisional de la norma, que podría quedar paralizada. Asimismo podría elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Esta decisión podría paralizar también la aplicación de la amnistía.
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