Puigdemont pide al Constitucional que anule su orden de captura para poder volver a España

Los dos huidos han presentado un recurso de amparo contra el auto de la Sala de lo Penal que confirmaba la negativa de Llarena a dejar sin efecto esas órdenes. El eje principal de su alegato es que ambos tienen inmunidad al haber reconocido la Eurocámara su condición de parlamentarios europeos a raíz del fallo del Tribunal de Justicia de la Unión de Europea (TJUE). Esta corte el pasado 19 de diciembre, a preguntas del propio Supremo español, dictaminó que el exvicepresidente Oriol Junqueras, también elegido eurodiputado en los comicios del pasado mayo, tenía inmunidad desde entonces.

En ese mismo escrito, que está fechado el pasado 3 de enero, Junqueras y Comín alegan que la decisión del Supremo de confirmar la vigencia de la órdenes internacionales vulneró varios de sus derechos fundamentales, entre ellos el de acceder en condiciones de igualdad a los cargos públicos, a la libertad e igualdad o a entrar y salir libremente de España sin limitación por motivos ideológicos o políticos.

Los recurrentes insisten en que es “inexcusable” suspender las órdenes de captura contra ellos porque estas resoluciones son ilegales en tanto en cuanto solo podría acusarles formalmente después de que la justicia española solicitara un suplicatorio al Parlamento Europeo para actuar contra sus dos miembros y éste les levantara la inmunidad.

Junqueras y Comín denuncian el “absoluto desprecio” del Supremo a la inmunidad reconocida por la Unión Europea a sus representantes, en lo que califican de "situación de anomalía democrática".

Según los dos políticos catalanes, que reiteran que sus obligaciones como eurodiputados con sus representados son “absolutamente incompatibles” con su encarcelamiento o persecución, se muestran especialmente molestos por las negativas tanto de Llarena como de la propia Sala de lo Penal de plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europa, como se hizo en el caso de Junqueras y su toma de posesión como eurodiputados, para que sea corte de Luxemburgo la que dictamine qué hacer con la orden nacional de captura que impide a ambos políticos pisar territorio nacional. Los dos huidos califican de “arbitraria e irrazonable” esa negativa a elevar la consulta, al tiempo que denuncian el “trato desigual” recibido con respecto a Junqueras.

Aunque los dos creen que el fallo del TJUE sobre Junqueras es perfectamente extrapolable a ellos, piden también al Constitucional que plantee una cuestión prejudicial a esta corte de Luxemburgo sobre su situación y sobre si la negativa de la Sala de Apelaciones del Supremo a consultar al tribunal supuso un incumplimiento del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.