Puigdemont y Comín cobrarán 70.000 euros en atrasos por ser eurodiputados desde julio

Cada eurodiputado tiene derecho a un sueldo neto de 6.824,85 euros mensuales y a dietas para gastos generales que cuyo importe asciende a 4.513 euros cada mes. La institución comunitaria pagará estos retrasos a ambos líderes independentistas con carácter retroactivo, según han confirmado fuentes parlamentarias.

Como Puigdemont y Comín acumulan ya seis meses de retraso en dichos pagos, cada uno recibirá 68.027,10 euros en los próximos días sólo en concepto de atrasos. La institución abona estos pagos el día 15 de cada mes, por lo que la cifra total se elevaría a 79.364 euros si los retrasos se abonan junto al pago de enero.

Las dietas para gastos generales están destinadas a cubrir los gastos tales como la gestión de sus oficinas y los gastos de teléfono, así como la compra y mantenimiento de equipos informáticos. Su importe se reduce a la mitad si el diputado no asiste a la mitad de las sesiones plenarias de cada año parlamentario sin justificación.

Por contra, el líder de Esquerra Republicana (ERC), Oriol Junqueras, no podrá tener acceso a estos emolumentos a pesar de que también ha sido reconocido como eurodiputado por la Eurocámara a raíz de la sentencia de la Justicia europea sobre el alcance de su inmunidad.

Para poder tener acceso a los sueldos y las dietas correspondientes, Junqueras tendría que completar antes los trámites necesarios para obtener la credencial como eurodiputado, y esto depende de la decisión que tome el Tribunal Supremo sobre su situación de prisión.

Los tres políticos independentistas fueron reconocidos el pasado lunes como eurodiputados en una comunicación administrativa de la Eurocámara que señalaba que la institución «tomará nota» de dicha condición al inicio de la sesión plenaria que comienza este lunes en Estrasburgo (Francia).

Puigdemont y Comín podrán participar en la misma tras haber obtenido ya las credenciales permanentes, mientras que Junqueras se encuentra en prisión, pendiente de la decisión que tome el Tribunal Supremo sobre su situación tras la sentencia europea.