Puigdemont calienta el quinto aniversario del 1-O y llama a okupar los colegios

El 1-O marcó un punto de inflexión en el 'procès' de independencia de Cataluña y se saldó con la condena a 12 líderes independentistas (posteriormente indultados) y otros cinco huidos de la justicia. Entre ellos el el propio Puigdemont, que reside en Waterloo desde que se dió a la fuga a finales de 2017. Ahora buscan no solo recordar aquellos hechos, también dar un nuevo impulso al soberanismo después de que las encuestas, como último barómetro del Centre d'Estudis d'Opinió, evidencien un retroceso del apoyo al independentismo (según el sondeo el 52% de los catalanes rechaza la independencia, su nivel más alto desde 2015).

En concreto, ya han convocado para el 1 de octubre una manifestación en el Arc de Triomf de Barcelona, aunque las celebraciones por el quinto aniversario de las votaciones empezarán el día antes. La noche del 30 de septiembre, desde el Consell per la República han llamado «a la ciudadanía» para que vuelva a acudir a los colegios en los que pasaron la noche antes de votar al día siguiente hace cinco años con el objetivo de recordar que en algunos centros «hubo violencia policial» para impedir el referéndum prohibido por el Tribunal Constitucional.

Pero además de las reivindicaciones soberanistas, en el fondo de estas convocatorias subyace el interés por ocupar una posición de privilegio dentro del independentismo. Sobre todo en un momento de tensiones entre las distintas fuerzas y en el que Esquerra, que ostentra la presidencia de la Generalitat en un gobierno de coalición junto a Junts.

Junts, tras abandonar la mesa, aprobó en su último congreso convertir el quinto aniversario del 1-O en un punto de inflexión para «culminar» el proceso de independencia. Los posconvergentes tratarán de convertir el debate de política general que tendrá lugar en el Parlament a finales de septiembre en una votación de propuestas para preparar la confrontación. Un nuevo choque con un objetivo clarol recuperar la declaración unilateral de independencia (DUI) del 27 de octubre de 2017 y que no se llegó a aplicar.

La situación, además, está enrarecida desde que la Mesa de la Cámara catalana desposeyera de su cargo a finales de julio a su ya expresidenta Laura Borràs. Amplios sectores de Junts, empezando por su secretario general, Jordi Turull (condenado también por el referéndum), criticaban que la imputación se debía a «una persecución del independentismo», mientras varios consellers del partido defendían que la apertura de juicio oral a Borrás, acusada de fragmentar contratos públicos cuando presidía el Institut de les Lletres Catalanes, era inasumible para la imagen de la institución y de la formación.

Ya cesada, la propia Borràs, que continúa ostentando la presidencia de la formación independentista, planea ahora dar un golpe de mano en la Generalitat de cara a otoño. Su plan pasa por forzar una consulta interna dentro del partido sobre si sus consellers deben continuar o no dentro del Gobierno para ajustar cuentas pendietnes con Esquerra, a los que no perdona que votaran a favor de su cese. Independientemente del resultado, esto contibuirá a tensionar aún más al Ejecutivo, todo mientras los republicanos ya han mostrado preferencias por la CUP y los comunes para negociar los Presupuestos de 2023.