Puigdemont acusa al Gobierno de incumplir la ley por no garantizar su seguridad

Puigdemont ha negado que Lluís Escola, que se sienta en el banquillo, fuera su escolta en Bélgica. Lo fue durante su etapa como presidente de la Generalitat y fue uno de los policías autonómicos que le ayudaron a huir al extranjero cuando el Gobierno aplicó el 155. El líder de Junts ha admitido que Escolà le ayudó y acompañó en su huida a Bélgica, pero ha negado que actuara como escolta.

El dirigente soberanista ha negado haber pedido la escolta de Escolà, al que ha calificado como «un patriota» que ha «sufrido mucho» por él. «Si está siendo juzgado es porque ha prestado un gran servicio al país», ha señalado. «Ha sufrido mucho para acompañarme en momentos en que las autoridades españolas incumplían su deber de cumplir la ley y garantizar mi protección», ha afirmado.

Puigdemont ha insistido en reprochar al Ministerio del Interior que rechazara darle escolta. El Ministerio le negó la protección por su condición de prófugo de la justicia. Puigdemont, en cambio, considera que le corresponde como parte de los privilegios que tienen asignados los expresidentes de la Generalitat. «Le he visto sacrificar su vida privada incluso para poder acompañarme en momentos en que las autoridades españolas negligían en su deber de garantizar mi protección», ha insistido.

Estaba con él en Waterloo, pero no como escolta, sino como amigo, ha señalado. «Los escoltas llevan armas, llevan chaleco antibalas, porras extensibles, llevan un permiso de las autoridades, en este caos españolas. Esto no ha pasado nunca y no ha pasado nunca, quiero señalarlo, incumpliendo las leyes vigentes», ha rematado. Puigdemont niega haber huido de la justicia y por tanto no admite que el agente Escolà le ayudara a eludir la justicia. «En ningún momento pedí que me ayudara a eludir ninguna acción judicial de la justicia, porque en el momento en que me fui de mi casa no había ninguna petición de ningún órgano judicial contra mí. Es evidente que, como otras personas, me ayudó en ese viaje», ha señalado. El expresidente sostiene que no huyó de la justicia porque cuando marchó al extranjero no había ninguna causa penal abierta contra él. La querella de la Fiscalía se presentó en la Audiencia Nacional y en el Supremo el 31 de octubre de 2017, cuando el líder nacionalista ya no estaba en España.

El exconsejero de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, nombrado en 2018 por Quim Torra, se enfrenta a seis años de cárcel por los presuntos delitos de prevaricación y malversación. La Fiscalía le acusa de haber contratado a un agente de los Mossos como asesor del departamento para que en realidad siguiera prestando labores de escolta al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, tras su huida a Bruselas, en octubre de 2017.

El policía que hizo presuntamente estas labores, Lluís Escolà, era escolta de Puigdemont cuando era presidente de la Generalitat. Le ayudó a salir de España tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución y habría seguido siendo su escolta en Waterloo, gracias a la presunta tapadera urdida por el exconsejero. Escolà se enfrenta a cuatro años de cárcel como cooperador necesario. «La designación de Lluís Escolà para el cargo de asesor constituía un acto de mera arbitrariedad, que respondía únicamente al propósito de procurar desde el Govern y con cargo a los fondos públicos un servicio de escolta permanente al procesado rebelde, Carles Puigdemont», según la Fiscalía.

Un mando de los Mossos, encargado de la investigación del caso, Toni Rodríguez, ratificó en la primera jornada del juicio la versión de la Fiscalía. Confirmó la tesis del Ministerio Público, que mantiene que el sargento de la Policía catalana fue fichado como asesor de la Consejería para poder seguir escoltando a Puigdemont en Bruselas, a pesar de que ya no tenía derecho a ello, tras ser procesado por el Tribunal Supremo. El intendente, en cualquier caso, no encontró irregularidades en la contratación de Escolà como asesor. Cerca de la mitad de los días en que actuó como asesor, menos de un año, estuvo en el extranjero.

Escolà fue expedientado por los Mossos, según Toni Rodríguez, por haber ayudado al expresidente de la Generalitat a salir de España, primero a Francia, en coche, y más tarde a Bruselas, en avión. No comunicó a sus superiores jerárquicos que el líder de Junts había «abandonado precipitadamente el territorio». La División de Asuntos Internos de los Mossos abrió un expediente a Escolà, que aprovechó sus vacaciones, días libres y una baja laboral para poder estar cerca del dirigente nacionalista, con quien tenía una «gran afinidad» ideológica y personal. Más tarde fue nombrado asesor de la consejería, pero no escondió cuál era su función.

Los miembros de la cúpula de la Consejería de Interior durante el mandato del exconseller Miquel Buch testificaron en el juicio que Escolà sí ejerció como asesor de Buch tras el 155.