Puigdemont intenta acreditarse como eurodiputado sin pisar el Congreso

Poco antes de las doce, Boye accedió a la Sala Constitucional en la que 50 eurodiputados esperaban para el juramento. Su intención era presentar el acatamiento por escrito, sin necesidad de que Puigdemont y Comín se vieran expuestos a ser arrestados después de que el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, rechazara el sábado dejar sin efecto las órdenes nacionales de búsqueda, detención e ingreso en prisión. Pero la maniobra del abogado, que lamentó el despliegue de seguridad en el Congreso, sirvió de poco.

Una funcionaria de la Junta Electoral Central le invitó a abandonar la sala y a llevar los papeles al registro para que puedan ser analizados en los próximos días. Así lo hizo poco después, según fuentes cercanas al letrado. Pero, mientras tanto, Boye denunció que nadie había querido «mirar» su documentación y se reservó el derecho a acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El pasado 13 de junio, la Junta ya respondió al representante de Puigdemont y Comín que para poder expedir sus credenciales como eurodiputados, los dos debían «prestar juramento o promesa de acatamiento de la Constitución», tal y como establece el artículo 224.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. En esa misma resolución, quedaba fijada, además, para este lunes la sesión en el Congreso.

Boye, sin embargo, mantiene en su escrito de hoy que «es claro» que la LOREG «no impone» que el compromiso de respetar la Carta Magna tenga que ser trasladado de manera presencial o verbal y pone como ejemplo la constitución del Senado el pasado 21 de mayo. En aquel pleno, dice, el presidente, Manuel Cruz, dio cuenta a la Cámara de que Virginia Felipe Saelices (Podemos), Marta Pascal (JxCat) y José Muñoz (PSOE) «habían prestado acatamiento mediante documento fehaciente». Por este motivo, el abogado de Puigdemont y Comín reclama el mismo trato para sus clientes, por las exigencias derivadas de los «principios de equivalencia y efectividad del Derecho de la Unión».

En todo caso, ahora se trata de un trámite que ambos tienen pendiente. Y si en cinco días –un plazo que empezó a correr el viernes– no queda satisfecho, sus escaños quedarán vacantes.

Tampoco pudo obtener hoy la credencial el presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, a quien el Tribunal Supremo denegó el permiso para salir de prisión. De momento, por lo tanto, ninguno de los tres podrá estar en la constitución del Parlamento Europeo el 2 de julio en Bruselas.

El caso del titular de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, es distinto. Por razones de agenda –estaba convocado a un encuentro de ministros europeos de su área– se ausentó este lunes del Congreso. La Junta ya le ha citado el jueves para el acto de acatamiento.

Salvo estas cuatro excepciones, el resto de eurodiputados obtuvo el visto bueno del órgano electoral, que avaló, tras un análisis pormenorizado a puerta cerrada, cada una de las fórmulas empleadas para garantizar el respeto a la Constitución. La mayoría de los cargos electos se ajustó al protocolario «sí, juro» o «sí, prometo». Pero, como viene ocurriendo en los últimos años, también hubo quien añadió expresiones más heterodoxas.

Una resolución de la Junta Electoral de hace una semana sobre las tomas de posesión en las corporaciones locales ya dejaba claro que «sólo pueden reputarse válidas aquellas fórmulas que expresamente manifiesten la voluntad incondicionada de acatar la Constitución». Y sobre este punto advirtió hoy el vicepresidente del órgano, Eduardo Calvo, al comienzo de la sesión.

La parlamentaria de Esquerra Diana Riba pidió en su turno la «libertad de los presos políticos». El de EH Bildu, Pernando Barrena, prometió «por imperativo legal y hasta la constitución de la república vasca». Los de Vox juraron «por España». En el caso de Unidas Podemos se añadieron referencias a las «clases populares» o la «lucha feminista». Y Javier Nart, de Ciudadanos, apostilló: «Uno se aburre de tanta impostación».

Todas resultaron válidas. La más controvertida, la que incluye la expresión «presos políticos», ya suscitó polémica en la constitución del Congreso. Tanto que PP, Ciudadanos y Vox reclamaron a la Mesa que revisara en el Diario de Sesiones aquellos acatamientos que podían ser de dudosa constitucionalidad.