El PP salva a Marlaska de la comisión de investigación sobre Melilla

La Cámara Baja solo accedió este viernes a que el ministro del Interior comparezca en el Pleno el próximo 30 de noviembre para dar explicaciones. Será la segunda vez, porque Marlaska ya intervino en el hemiciclo el pasado septiembre para dar detalles sobre la que es la mayor tragedia conocida de la inmigración española. El Congreso también rechazó –con los votos de los socialistas y el grupo confederal– que fuera Pedro Sánchez el que hablara ante el Pleno sobre esta tragedia.

El acuerdo de la Junta también recoge que serán solo los portavoces de los diferentes grupos en la Comisión de Interior los que visionen las imágenes grabadas por el dron y el helicóptero de la Guardia Civil a pesar de que los socios del Ejecutivo habían reclamado el visionado público de esos vídeos, tal y como se hizo en la tragedia del Tarajal, en Ceuta. Los diputados verán esas imágenes, que hasta ahora solo tienen en su poder de manera íntegra el Defensor del Pueblo y la Fiscalía, el viernes 25 de noviembre en la sede del Ministerio del Interior.

Los tres partidos mayoritarios de la cámara y Ciudadanos frenaron en seco la iniciativa de Unidas Podemos, ERC, Bildu, Más País, Compromís, el BNG, Junts, PDeCAT y la CUP y que perseguía, entre otras cuestiones aclarar el número de víctimas que dejó la avalancha de inmigrantes o aclarar si hubo «pasividad» en la actuación de los agentes españoles ante las muertes o el permiso del Ministerio del Interior para que uniformados marroquíes entraran a España para proceder a devoluciones en caliente. Un extremo que, a pesar de las numerosas imágenes de agentes de la Gendarmería en territorio nacional, ha sido negado de forma categórica en sede parlamentaria por Marlaska, quien también sostiene que no hubo un solo muerto en suelo español.

El veto a la comisión supone un alivio para el Gobierno, que temía que esta investigación parlamentaria le supusiera un fuerte y continuado desgaste. La parte socialista del Ejecutivo ha visto como, finalmente, una conjunción de circunstancias y de estrategias políticas enfrentadas le ha salvado, por el momento, de ese mal trago. El PP, que sí que quiere usar la tragedia como ariete contra Marlaska y sus supuestas contradicciones, no quiere, sin embargo, quedar 'retratado' apoyando una comisión de investigación propuesta, entre otros, por Bildu y en la que, sin duda, también iban a acabar pasando mandos de la Guardia Civil.

En el PP, no obstante, sostienen que su negativa a apoyar una comisión no es definitiva. Arguyen que, tras escuchar las nuevas explicaciones de Marlaska y ver los vídeos íntegros, podrían cambiar de parecer. «No vamos a cambiar nuestro compromiso con el Estado ni con los asuntos de la inmigración. Sabemos que no es fácil controlar los sucesos que pasan en la valla de Melilla y no vamos a erosionar al Gobierno más de lo que está», apuntó Alberto Núñez Feijóo. «Si las explicaciones de Marlaska son esclarecedoras y se acredita que no ha mentido nos daremos por satisfechos. En el caso de que se acredite la falsedad del ministro, actuaremos en consecuencia», dijo el líder del PP.

Los socialistas en esta ocasión también han contado con la ayuda de Vox, que desde el principio se negó en redondo a exponer a los agentes del instituto armado a una investigación alentada por la izquierda abertzale o Unidas Podemos.

Los socios de investidura del Gobierno y Unidas Podemos reclamaron este noviembre por segunda vez la apertura de la comisión de investigación (la primera fue en julio y también sin éxito) después de que la BBC abordara en un reportaje la tragedia y de la publicación otras informaciones que ponían en duda la versión de Interior y apuntaban que la tragedia se produjo en territorio español.

El Defensor del Pueblo, en su primer informe preliminar, también denunció la entrada de personal marroquí en España para las deportaciones exprés de los subsaharianos, el lanzamiento del piedras a los inmigrantes por parte de la Guardia Civil o la falta de atención de los heridos por parte de las autoridades españolas, entre otras cuestiones.